Publicación original de CIPER Chile

24 son las empresas que aparecen en la nueva denuncia del SII por emitir facturas sin el debido respaldo para SQM por un total de $2.202 millones. La nómina incluye sociedades con claros vínculos políticos con la DC, la UDI y Sebastián Piñera. Otras son controladas por personas del círculo cercano a Julio Ponce Lerou, accionista principal de la minera, sobre las que recae la sospecha de que fueron utilizadas para evadir impuestos. Todas ellas están siendo investigadas por el Ministerio Público.

Entre los contribuyentes identificados en la nueva denuncia del SII figuran 24 sociedades que emitieron facturas para SQM por trabajos que no tienen respaldo en la contabilidad de esa empresa (ver nómina). En total, estas facturas suman más de $2.202 millones. Entre las empresas que ahora serán investigadas por la Fiscalía se cuentan varias relacionadas con importantes actores de todo el arco político. Dos de ellas forman parte del conglomerado del ex presidente Sebastián Piñera. Otra pertenece a tres de los hijos del nuevo timonel de la DC, Jorge Pizarro. También incluye a Sur Profesionales Consultores, y una sociedad en la que figura el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, el principal creativo de la recordada campaña del No, también tiene participación en una de ellas.

Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el ex presidente Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones.

Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del ex presidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office,Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta –hoy en prisión preventiva–, Carlos Alberto Délano.

“(Piñera) no es parte de la dirección de la empresa y nunca ha tenido injerencia en la gestión de la administración o servicios que ésta presta. Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”, dijo Fernando Barros, director de Bancorp a El Mercurio.

NEXOS CON LA DC

Poco antes de convertirse en el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro se refirió a los pagos políticos de SQM en una entrevista que dio al diario Pulso. Fue cuidadoso al decir que esperaba que se “actúe sobre la base de denuncias y no se confundan las cosas ni se especule más allá de los razonable”. Ahora, con la ampliación de la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM por delito tributario, la denuncia existe y lo toca indirectamente.

Ventus Consulting, la empresa que crearon en enero de 2010 los hermanos Sebastián, Jorge yBenjamín Pizarro Cristi, entregó 11 facturas a SQM por un total de $45 millones. Todos ellos son hijos del senador. El representante legal de la sociedad es el periodista Sebastián Pizarro, quien actualmente trabaja en Minera Escondida según la información que publica en su perfil de LinkedIn.

Jorge Pizarro Soto

Otro de los socios de Ventus Consulting, Jorge Pizarro Cristi, es también yerno del ministro de Energía, Máximo Pacheco, y desde marzo de 2014 se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de la Subsecretaría de Economía.

Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, emitió una factura a SQM por $30 millones. La sociedad, creada en 2006, está ligada a la familia Frei: fue constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y, su esposa,Mónica Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle. Yaconi, por su parte, es socio de Juan Pablo Hermosilla en Hermosilla y Compañía Abogados Asociados; fue representante de la Fundación Frei; y ha sido mencionado como recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei en el 2009 (ver reportaje de CIPER).

Asesores en Gestión Integral es otra de las empresas incorporadas a la denuncia del SII. El rastreo de CIPER indica que uno de sus socios tiene estrechos lazos con la DC. Sus dueños son Daniel Pérez Bensan y la contadora auditora Clara Bensan Jofré (socia de Bensan & Bensan Consultores). Ella integró una de las listas que compitieron en la última elección de la directiva DC: la que presidía Ricardo Hormázal, y en la que Clara Bensan iba como segunda vicepresidenta.

LA CORPORACIÓN DE LA UDI

La Corporación de Asuntos Públicos no es la que registra el monto más altoentre las empresasque facturaron a SQM, pero sí es la que presenta mayor regularidad en las transacciones: 61 facturas en sólo dos años, por más de $131 millones. Es también otro de los nudos que vinculan a la UDI con Soquimich (vea el segundo reportaje de esta serie: “74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”).

Según un reportaje de La Segunda, la entidad es dueña de “la Casa de los Senadores”, una propiedad en calle Lota aledaña a la sede del partido, donde funciona la sede metropolitana de la UDI. Pero su vínculo con el partido de calle Suecia es mucho más estrecho. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993, quien ha formado parte de la corporación desde hace más de dos décadas. De hecho, fue parte del directorio que en 1997 decidió que, en caso de que la corporación se cierre, la entidad beneficiaria de sus bienes sería la Fundación Jaime Guzmán.

Los otros integrantes de ese directorio eran Jovino Novoa, Vasco Costa, Raúl Lecaros e Ignacio Astete. Serrano es también cercano a los ex ministros y ex senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: fueron socios en Copra, una sociedad que crearon en 1986 y que en 2008 ingresó a la propiedad de la Universidad San Sebastián. El otro representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos es el abogado Gonzalo Molina Ariztía, miembro del Consejo Directivo del Servel desde 2013.

Hay otras 18 facturas que conectan los pagos sin respaldo de SQM con otra entidad vinculada a la UDI. En total, son $125 millones que fueron a parar al Centro de Investigaciones Sociales de Chile (CIS) una sociedad creada en 2004 por el analista político Gonzalo Müller Osorio, esposo de la diputada María José Hoffman (UDI), y su padre Gilberto Müller Corvalán, quien la controla. 

CIS Chile tiene como objetivos realizar encuestas y estudios de mercado y de opinión pública, además de actividades de publicidad, propaganda política y comercial. Actúa también como consultora en temas económicos, legales y de administración, entre otros rubros. En las elecciones de 2013, el único registro del Servel es por $19 millones en servicios prestados a Ena Von Baer. 

Actualmente, Gonzalo Müller Osorio no forma parte de la sociedad desde que en 2010 vendió su parte a su hermano Mauricio. Sus representantes legales son su padre y el gerente general de la empresa, Esteban Gal Oliva, quien además aparece a título personal en la lista de quienes emitieron boletas de honorarios a SQM sin respaldo por $3,5 millones. 

En 2013, Esteban Gal creó una sociedad de rubro similar junto a su hermana Margaret: “EGO Servicios de Integración de Voz y Datos de Chile” o EGO Chile, que provee servicios de integración de voz y datos, investigación de mercado y opinión pública, encuestas, consultorías publicitarias. En la campaña de 2013 prestó servicios a la UDI, a Evelyn Matthei y a los candidatos parlamentarios de la UDI: Ena Von Baer, Arturo Squella, Ernesto Silva, Juan Antonio Coloma, María José Hoffman, José Antonio Kast, Patricio Melero y Jaime Bellolio por más de $285 millones.

AMIGO DE ALLAMAND

Inversiones Invercob no siempre se llamó así. Al principio era Allamand, Varela y Compañía y en ella compartían sociedad el ex ministro y senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, y el abogado Juan Francisco Varela Noguera. Los dos han sido socios por varios años y en distintos emprendimientos: son al menos cinco las sociedades que aparecen en el Diario Oficial en que los dos comparten la propiedad. Cuando Allamand se retiró en 1994 y la empresa cambió de nombre, Varela quedó como representante legal. Todavía lo es. Inversiones Invercob emitió nueve facturas a SQM por un total de $91,6 millones.  

DEL MUNDO DE LAS COMUNICACIONES

Sur Profesionales Consultores está investigada por cuatro facturas emitidas a SQM y cuestionadas por el SII, las que suman $20 millones. Su representante legal es el arquitecto Alfredo Rodríguez Arranz (ver nota de la redacción).

Eugenio Tironi

La sociedad se constituyó en 1979 y se modificó en 2001, cuando fue transformada en sociedad anónima, ingresando a ella varios profesionales.

En la nueva nómina entregada por el SII también aparece la sociedad familiar del actual director de Chilevisión: Jaime de Aguirre Hoffa. Inversiones La Música Limitada fue modificada en noviembre de 2010 y pasó a llamarse Asesorías e Inversiones La Música SpA. Esta sociedad presenta tres boletas entregadas a SQM, por $45 millones. 

EL CÍRCULO DE PONCE LEROU

La denuncia de Impuestos Internos incluye dos sociedades integradas por personas vinculadas aRoberto Guzmán Lyon, hombre de confianza del controlador de SQM, el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Las dos son controladas por Luis Enrique Saldías Varas, quien fue uno de los representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a través del sistema de “cascadas”. Era además gerente general de Inversiones del Sur, también controlada por Ponce.

Julio Ponce Lerou

La primera sociedad de Saldías que figura en la denuncia del SII es Inversiones Enjoy. Allí Saldías está asociado asu esposa Myriam Cofré Pino y a su hijo Diego Saldías Cofré.Inversiones Enjoy, una sociedad que tiene un capital que supera los $2.138 millones, facturó a SQM más de $458 millones a través de 35 facturas por servicios prestados que hasta ahora no cuentan con respaldo que acredite que realmente se realizaron. La segunda sociedad esDasco Tecnologías, la queemitió dos facturas a SQM por un total de $4,7 millones.

En la nómina también aparece la empresaServicios Financieros G & G Ingenieros Limitada, con dos facturas por un total de $19,2 millones. Fue creada en el 2004 por José Osvaldo Guerrero Zamorano y su hija Lorena Paz Guerrero Jaque con un capital de $2 millones. José Guerrero aparece como representante de las sociedades vinculadas en el llamado Caso Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, e Inversiones del Sur.

LOS REPETIDOS DE PENTA

En la lista aparece también una empresa que ya está siendo investigada en el Caso Penta:Asesorías Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L. Ahí está el ex operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Tal comoreveló una investigación de CIPER, la empresa ha prestado asesorías aparlamentarios UDI y de la Nueva Mayoría que le han significado ingresos por más de $126 millones. Para SQM, figura emitiendo cinco facturas por un total de $17,5 millones.

Otro nombre que vuelve a cruzarse entre las investigaciones por financiamiento ilegal de la política es el de la lobista Cristina Bitar Malik, socia de la empresa de comunicaciones estratégicas Azerta. En el caso Penta, ella figura recibiendo dineros cobrados a través de boletas de la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, para pagar supuestos gastos de la campaña senatorial de 2009 de Joaquín Lavín.

Cristina Bitar

Ahora, su nombre aparece vinculado a Asesoría e Inversiones Lima, una empresa que comparte con su padre Lorenzo Bitar –hermano del ex ministro Sergio Bitar– y la empresa OXO Chile. La sociedad, que es representada legalmente por Cristina Bitar, emitió siete facturas a SQM por un total de $185 millones.      

Reactor SpA también está en la lista de las empresas que ya figuraba en el expediente de Penta. La sociedad presta asesorías en estrategias digitales y está investigada por emitir boletas que usaron para financiar la campaña a senador del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. En la nueva denuncia del SII, aparece con tres facturas para SQM por $7,5 millones. Sus socios son los periodistas Iván Sebastián Correa Hasbún y Felipe Tomás Cádiz Herrera, además del diseñador gráfico Rodrigo Ignacio Polidura Álvarez. 

OTRAS SOCIEDADES INVESTIGADAS

Consultores de Administración Asociados, es la segunda en la lista del SIIcon mayor cantidad de facturas emitidas a SQM. Fue creada en junio de 2007 con un capital de apenas $2 millones que aportaron íntegramente sus dos socios: Felipe Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco. La empresa, que se dedica a las asesorías empresariales y en materia de gestión, emitió 44 facturas a la minera entre 2009 y 2010. El monto total supera los $464,4 millones.

Otra de las sociedades en la nómina es Servicios y Publicidad La Clínica Ltda., la que emitió una factura a SQM por $58 millones. La Clínica Limitada fue creada en octubre de 2006 por Diego Alejandro Perry Aldana y por el abogado Francisco José Diez Castellanos (Diez y Cía. Abogados) para proveer de servicios de publicidad y marketing. En marzo de 2008 ingresaron a la sociedad Andrés Alcoholado Semler y Daniel Eduardo Molina Gutiérrez. En 2013, la empresa facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de laPresidenta Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel con fecha 3 de septiembre de 2013 (ver aquí).

La nómina de los contribuyentes que deben ser investigados incluye a Kybalion Consultores Limitada, constituida en abril de 2010 para prestar asesorías de procesos, diseño, desarrollos e implementación de tecnología de información. Kybalion emitió a SQM dos facturas por un total de$22 millones. En 2011 se retiraron de la sociedad Andrés Bustamante Valenzuela y León Darío Montoya Forero, quedando como únicos propietarios María Angélica García García y Luis Alejandro Quijada Bahamondes. Entre los ex directores figura Alejandro Mario Bahamondes Saavedra, ex vicepresidente del PPD y actual embajador de Chile en Paraguay.

También emitió facturas el estudio jurídico Guzmán y Compañía Abogados Limitada. Son dos facturas a SQM por un total de $20 millones.

Figura también en la lista del SII la empresa Asesorías y Cobranzas Integradas Limitada, la que emitió una factura a SQM por $5 millones. Sus propietarios son Luis Alfonso Letelier Urcelay, quien se desempeña desde septiembre de 2013 como juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta; el abogado Francisco José Correa Puelma, funcionario de laDirección General de Aguas (DGA) desde 1993; y hasta septiembre de 2010 Hernán Javier Arteaga Von Saint George.

Claudia Alejandra García Furche es la única persona natural que figura en la nueva lista de las empresas investigadas por el SII. En el Registro Nacional de Proveedores (Chile Compra) aparece su nombre. García, que es prima hermana del ministro de Agricultura Carlos Furche Guajardo, emitió una factura a SQM por $1 millón.

Por último, Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía., emitió una factura a SQM por $183 mil. La sociedad fue creada en junio de 2006 por el abogado Hugo Hurtado Araneda y la ingeniero comercial Emily Kristen Dawson. Hurtado Araneda aparece integrando el estudio jurídico Guerrero Olivos (del que se retiró en enero pasado el ex senador Jovino Novoa) en abril de 2009. Es experto en derecho tributario y profesor part time de la UDP.

NOTA DE LA REDACCIÓN

En la edición original publicada el jueves 2 de abril, se publicó que el representante legal de esta sociedad, tal como aparecía en el Diario Oficial y otros registros públicos, era el sociólogo Eugenio Tironi. Al respecto, Alfredo Rodríguez Arranz, actual representante legal de Sur Profesionales Consultores S.A., envió a CIPER una nota en la que puntualiza lo siguiente (y adjuntó documentos):

1. Eugenio Tironi Barrios no es el representante legal de Sur Profesionales, como se ha señalado. El señor Tironi dejó legalmente de ser socio de Sur Profesionales con fecha 11 de junio de 2003.

2. José Bengoa Cabello y Gabriel Salazar Vergara, aunque aparecen como socios de Sur Profesionales, en realidad desde hace varios años no participan laboralmente de la consultora, ni intervienen en la gestión de su gobierno corporativo ni están informados de sus actividades regulares.

3. Sur Corporación no es socia de Sur Profesionales.

Por su parte, Eugenio Tironi puntualizó lo siguiente: “Respecto a la información donde aparezco vinculado a SUR Profesionales Consultores Ltda., empresa investigada por facturas emitidas a SQM, debo aclarar que no tengo relación alguna con SUR desde 1990. Terminé con mi relación societaria en abril de 2003, cuando le traspasé mis acciones a Alfredo Rodríguez y Paulina Matta. Esto significa que lo que aparece en el Diario Oficial está desactualizado”.

El influyente diario británico describe a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín como los herederos políticos del dictador Augusto Pinochet. La nota hace hincapié en que Penta no es un caso aislado y que, junto con la polémica que generó el Caso Caval, existe hoy en Chile una fuerte presión pública para acabar con la corrupción y el tráfico de influencias. 

“La decisión del Fiscal Chahuán de pedir la prisión preventiva, envió un mensaje a los poderosos en un país donde los torturadores, incluso condenados, han sido confinados a prisiones con canchas de tenis, TV cable y céspedes cuidados. El ex dictador Augusto Pinochet, que fue condenado por planear el asesinato de cientos de sus compatriotas, fue capaz de evitar la cárcel a través de apelaciones interminables y la influencia política que pudo ejercer sobre el Poder Judicial chileno”. Así resumió el influyente diario británico The Guardian el primer día de las formalizaciones de los principales actores en el Caso Penta. 

La nota, escrita por Jonathan Franklin, su corresponsal en Chile, explica que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, acusó “a ex funcionarios y financistas de un partido político de derecha creado para perpetuar el legado económico del dictador Augusto Pinochet” de fraude al fisco, blanqueo de dinero y soborno. El reportaje relata cómo Chahuán argumentó que la evidencia de soborno generalizado de altos funcionarios del Ministerio de Minería y millones de dólares en contratos falsos eran suficientes para solicitar la detención inmediata de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, los controladores del Grupo Penta. 

 The Guardian describe a Delano y Lavín como “padrinos de la derecha chilena” y cuenta cómo también fueron acusados de canalizar cientos de miles de dólares a los candidatos políticos de derecha en la última década. Y afirma que son los herederos políticos del dictador Augusto Pinochet. La nota hace hincapié en que el Caso Penta, junto al escándalo que ha generado el Caso Caval, que involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, han desatado una fuerte presión pública en Chile para acabar con la corrupción y el tráfico de influencias.

Van a cumplirse cuatro meses desde que el fiscal Carlos Gajardo presentara al Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe que reveló la emisión de boletas falsas –para financiar campañas políticas– por parte de Ripley, Alsacia, CorpBanca y Soquimich (SQM). Pero hasta la fecha el Servicio no ha presentado ninguna acción judicial que le permita a la Fiscalía requisar información relevante respecto de esas empresas. Eso sí, otra acción judicial le permitió al fiscal Gajardo allanar las oficinas de SQM. A principios de enero el SII se querelló contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por eventual delito tributario. Esa acción judicial le dio luz verde a los fiscales para obtener la información contable de la empresa de Julio Ponce Lerou entre 2009 y 2014. Pero el SII reingresó la querella acotándola a solo un mes, julio del 2009. A pesar de esa decisión, el equipo de Gajardo logró elaborar una lista con 19 Rut sospechosos de emitir boletas falsas para financiar campañas políticas. Ahí aparecieron una asesora del PS Fulvio Rossi, varios militantes DC y dirigentes regionales de la UDI.

Los últimos movimientos internos de la Fiscalía despertaron las sospechas. La semana pasada el Ministerio Público decidió trasladar la arista SQM a la Fiscalía Centro Norte –a cargo de Andrés Montes–, y dejar el Caso Penta directamente en las manos de Alberto Ayala, relegando a Carlos Gajardo a un segundo plano. A partir de ahí, se han multiplicado las voces que cuestionan que el cambio se produjo justo cuando el escándalo del financiamiento irregular de campañas políticas empezaba a salpicar a la Nueva Mayoría. 

En el listado se repiten varios de los nombres que actualmente investiga la Fiscalía por emitir boletas sospechosas a SQM durante julio del 2009, el único mes que se le ha permitido investigar, y se agregan otros nuevos, como varios dirigentes de la UDI, la DC, RN, asesores de Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín. También, el informe revela millonarios pagos de la firma de Ponce Lerou a varias autoridades de Gobierno y del Poder Judicial.

En ese contexto, El Mostrador revisó un informe que envió SQM al Servicio de Impuestos Internos, donde revela los 240 RUT que le emitieron boletas el 2010. En el Servicio explican que todas las empresas, terminado un año tributario, deben hacer llegar esa información, y que esta da cuenta de los montos retenidos por cada boleta, lo que equivale al 10% del total facturado. El informe, que está en las carpetas investigativas del Caso Penta, revela que al menos 39 personas allegadas a campañas políticas facturaron a la empresa de Ponce Lerou en un año de segunda vuelta presidencial y de pago de las deudas que dejaron las campañas parlamentarias. Y hay varias sorpresas. 

Rossi y la DC

Cuando la semana pasada se reveló que una asesora del senador PS, Mariela Molina, estaba en el listado de 19 personas investigadas por la Fiscalía, por haber emitido una boleta de $4.444.444 a SQM, Rossi salió de inmediato a descartar la información. “No he cometido delito tributario y no estoy siendo investigado por nada”, aseguró, agregando que Molina dejó de trabajar para él en 2008, un año antes de que emitiera la boleta a SQM en medio de la campaña parlamentaria del socialista. 

Sin embargo, datos revelados por El Mostrador desmintieron esa defensa , evidenciando que el 2009 Molina sí prestó servicios para su campaña. Pero no es lo único. Con el paso de los días, El Mercurio reveló que una segunda asesora de Rossi, María Valentina Martínez Zaror, también aparecía en el listado de la Fiscalía por emitir el 2009 un documento por el mismo monto que Molina, $4.444.444. En el caso de esta segunda asesora, se repitió el plato un año después, donde aparece facturando por $2.225.775. 

Pero hay, asimismo, un tercer asesor de Rossi que aparece vinculado a SQM. En el listado 2010, René Lorenzo Madariaga Caronna figura emitiendo boletas a la empresa de Ponce Lerou por $17.777.766. Ese mismo año, Madariaga fue asesor comunicacional de Rossi. El 2011 siguió vinculado al senador, esta vez como asesor en temas de “análisis estratégicos”. 

Los nombres vinculados a la Democracia Cristiana también se repiten en el informe enviado por SQM al Servicio de Impuestos Internos. Si en julio del 2009 el ex embajador de la falange en República Checa, Marcelo Rozas, su cónyuge y su hijo aparecen emitiendo boletas a la empresa minera, el 2010 vuelven a estar presentes. Ese año, Rozas facturó un total de $54.502.199. Su hijo, Daniel Rozas, lo hizo por $17.520.000, y su señora por $28.906.633. El ex embajador ha sido históricamente cercano a Gutenberg Martínez al interior de la DC. 

En el SII aclaran que el informe de SQM da cuenta del total facturado por una persona en un año, por lo que los montos totales podrían corresponder a varias boletas presentadas por una misma persona. Otro militante demócrata cristiano que figura facturando a Soquimich es el actual presidente del Gobierno Regional Metropolitano de Arica, el Core Raúl Castro Letelier. El documento extendido por el falangista es a través de su sociedad Castro Cruz Limitada, por un monto de $1.500.000. Castro Letelier es abogado y ha presidido el Colegio de Abogados en su región. También ha sido juez de policía local, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá, presidente de la Corporación de Desarrollo y precandidato a diputado por la Democracia Cristiana. El hijo del diputado DC Roberto León, Roberto León Araya, es parte de los nombres que actualmente investiga la Fiscalía por emitir en julio del 2009 una boleta a SQM por $2.500.000. Un año después esa cifra se eleva a $17.520.000. El diputado por Curicó señaló al vespertino La Segunda que su hijo prestó servicios a la empresa, y que esos dineros no fueron a parar a su campaña. “Como ingeniero agrícola titulado prestó asesoría a SQM”, aseguró. 

Un nombre que llama la atención en el listado es el del escritor Hernán Rivera Letelier, que fue candidato a diputado PS el 2005 por Antofagasta. El 2010 facturó una boleta por $8.806.966. No contestó los mensajes que El Mostrador le envió para conocer su versión. 

La segunda vuelta y el gobierno de Piñera 

Son varios los nombres que boletearon a Soquimich el 2010, mismo año en que participaron en la campaña presidencial de segunda vuelta de Sebastián Piñera. En el informe dado a conocer la semana pasada, figuraba Robert Araya facturando $2.777.777. Ese nombre se repite un año después por $16.686.130. En la rendición ante el Servel de la campaña de Piñera, Araya es mencionado como parte del trabajo territorial del ex mandatario, motivo por el que se le pagaron $500 mil. Durante el Gobierno de la Alianza, el abogado se desempeñó en el Servicio de Salud de Antofagasta. Hay varios más. Matías Hormazabal Cavieres boleteó el 2010 a SQM por $4.444.444. Ese mismo año participó en la segunda vuelta presidencial apoyando a Piñera, motivo por el que –según información del Servel– fue remunerado con $3.333.334 por “servicios prestados a la candidatura”. Durante el transcurso del Gobierno de derecha, trabajó como funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Pamela Campos Joost también trabajó en la campaña de segunda vuelta de Sebastián Piñera, motivo por el que se le pagaron $1.666.667. El mismo 2010 emitió boleta a la empresa de Ponce Lerou por $10.277.777. Es uno de los nombres investigados por la Fiscalía, ya que el 2009 también había facturado, esta vez por $4.500.000. 

En la misma situación figura Marisol Cavieres Romero, que participó de la segunda vuelta –recibiendo $1.666.667 por “trabajo en terreno”–, y facturando además a SQM por $8.444.443. Pero los nombres vinculados a Piñera no se limitan a quienes participaron de su campaña en segunda vuelta. Varios ex funcionarios de su Gobierno emitieron boletas a la productora de litio durante el año que revisó El Mostrador. 

Un caso que llama la atención es el de Pablo Toloza, integrante de Abogados Toloza y Compañía Limitada. Militante UDI. En 2010 esa sociedad aparece emitiendo una boleta por $2.777.780. En marzo del mismo año Toloza fue designado gobernador de Antofagasta, y en 2012 pasó a ser el Intendente Regional. Antes era asesor jurídico del diputado UDI Manuel Rojas y de la Municipalidad de Ollagüe. Su padre, Víctor Hugo Toloza –el otro socio de Abogados Toloza y Compañía Limitada–, al menos hasta el 2014 aparecía como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Es además presidente del Automóvil Club y ex integrante del Tribunal Calificador de Elecciones de la misma ciudad. Según el ex diputado UDI Manuel Rojas, jamás le pagó a Toloza por sus asesorías y tampoco recibió dineros irregulares en su campaña del 2009: “En la década del 2000 él me ayudó. El en su currículo pudo haber puesto que era mi asesor, pero él era de la directiva de la UDI en Antofagasta, y siempre fue colaborador mío. No tengo antecedentes de las boletas que él ha emitido a SQM”, indicó el ex parlamentario. 

Marcelo Pizarro San Martín fue director regional del Trabajo en Antofagasta desde que Piñera asumió la primera magistratura, en marzo del 2010. Ese mismo año el ex funcionario público facturó $13.908.355 a Soquimich. Juan Pablo Destuet González era el jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP entre 2011 y 2014. En 2010 trabajaba en el estudio de abogados de Jaime Pilowsky (actual diputado DC por Peñalolén) y Gonzalo Infante. Infante y Destuet aparecen boleteando a SQM en el mencionado año por $4 millones y $7 millones, respectivamente. 

El encargado regional de la Superintendencia de Salud en Arica, Marcelo Eduardo Ricci Báuerle, llegó a su cargo antes que Piñera asumiera la Presidencia. Ejerce desde el 2003, incluso antes que Iquique y Arica estuvieran en regiones separadas. Administrador público de la Universidad de Chile, el 2010 aparece boleteando a SQM por una cifra altísima: $40.035.511. Se mantiene en el cargo. Otras autoridades regionales –que no forman parte del Poder Ejecutivo–, también integran el listado de los que el 2010 boletearon a la firma de Ponce Lerou. Inés del Tránsito Olivares Bugueño es oficial del 3° Juzgado de Letras de Arica. Emitió boleta por $1.756.100. Irma del Pilar Cayo Ferreira el 2010 era la receptora judicial de Iquique. Está siendo investigada por la Fiscalía por emitir en julio del 2009 una boleta por $2.960.000. Al año siguiente aparece facturando $10.821.122. 

Nombres claves en la UDI 

Una de las boletas que permitió abrir la arista SQM en el caso de las platas empresariales a campañas políticas entregadas de forma irregular, fue la emitida por Carolina de la Cerda, cuñada del UDI Pablo Wagner, quien ha reconocido a la Justicia que el documento que emitió el 2009 fue una boleta falsa, y que seguramente fue a parar a la campaña senatorial de Joaquín Lavín. El 2010 también aparece facturándole a Ponce Lerou. Ese año lo hizo por la misma cifra que antes: $8.333.334. Pero en la UDI son varios los nombres clave que aparecen en el listado. Y todos ellos vinculados a las campañas del 2009. Joaquín Lavín estaba de candidato a senador por Valparaíso ese año. Por ello, Carolina de la Cerda señaló que los dineros de sus boletas seguramente fueron a parar a su campaña. 

Pero hay una persona mucho más cercana al ex presidenciable UDI que también aparece emitiendo boletas a SQM. Se trata de Karin Renate Grollmus Fritz, quien boleteó el 2010 por un total de $3.340.000. Ella suscribió junto a Joaquín Lavín el texto “Emprendimiento contra la pobreza”, publicado en marzo del 2009, en medio de la fallida candidatura senatorial del ex alcalde del gremialismo. También lo acompañó en sus dos aventuras presidenciales. Durante la administración de Sebastián Piñera trabajó como periodista en la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio de Economía y la Intendencia Metropolitana. Actualmente es subdirectora de comunicaciones de la Universidad de Los Andes. 

Asesores de parlamentarios gremialistas también forman parte del listado. Según los registros disponibles, desde el 2007 Carolina Isabel Gazitúa Larenas se desempeña como asesora del senador de la UDI Jaime Orpis. El 2010 emitió boleta por $3.335.011. Otro que aparece es Víctor Krefft Marín, militante UDI y encargado del partido en la Región Metropolitana Poniente. Hace años es asesor del senador Juan Antonio Coloma. El 2010 emitió boletas por $4.444.444. El abogado y vicepresidente de la juventud gremialista, Juan Pablo Aguerreberry, el 2010 emitió un documento por $5.555.555. Mismo monto que su cónyuge, Laura Toledo Cruz, facturó el 2009, razón por la que actualmente es investigada por la Fiscalía. El 2010 Aguerreberry era concejal por Renca y secretario del partido para la Región Metropolitana Poniente. En 2012 asesoró a la diputada de su distrito, Karla Rubilar (Amplitud), por un total de $7 millones. 

Ponce Lerou, dueño de SQM y ex yerno de Pinochet

Enrique Gillmore Carmona ha sido director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián. Hijo del brigadier general (r) del Ejército Enrique Gillmore Callejas –uno de los más cercanos a Pinochet–, es parte del consejo general de la UDI y vicepresidente del gremialismo en el Distrito 29 (La Pintana y Puente Alto). Emitió una boleta por $14.472.230. Roberto Lewin Valdivieso es Core de la UDI por Las Condes y durante el Gobierno de Piñera fue jefe de la avanzada presidencial. Su hijo, Roberto Lewin Vial, emitió una boleta por $6.673.340. Alejandro Arias Edwards entregó a SQM un comprobante por $5.566.670. Durante la Presidencia de Sebastián Piñera trabajó en la Dirección de Obras Portuarias y en Sernapesca. Fue parte del grupo Jóvenes sin Fronteras, que nació de la FEUC 2003 –presidida por el diputado UDI Jaime Bellolio–, que realiza trabajos voluntarios en coordinación con las Fuerzas Armadas. Es hijo del ex concejal RN de Lo Barnechea, Alejandro Arias Würslin. Uno de los hijos de Pablo Longueira, José Tomás Longueira Brinkmann, boleteó el 2010 por $4.450.333. 

Una cifra un poco mayor –$5.555.556–, fue lo que, según el documento emitido, facturó Gustavo Alessandri Bascuñán, concejal de Puente Alto en cupo UDI. El edil es hijo del ex candidato a diputado por RN, Gustavo Alessandri Balmaceda, quien el 2009 buscó llegar al hemiciclo representando a La Florida. La periodista encargada de la campaña de Alessandri Balmaceda, Nicole Etcheberry Spadaro, aparece en el listado 2010 de SQM, emitiendo una boleta por $3.333.333. Etcheberry trabajó entre 2011 y 2013 en la Secretaría General de Gobierno. Otro UDI involucrado es Manuel Óscar Rodríguez Campillay, que fue candidato a Core en la última elección y está siendo investigado por Fiscalía debido a una boleta por $1.666.667 emitida en julio de 2009. El 2010 vuelve a aparecer, esta vez por un total de $13.350.003. 

Existen más militantes de la Alianza que también forman parte de la lista de 39 nombres. Alejandro Moreno Prohens es un abogado y antiguo militante de RN. Consejero de la Sonami, ex funcionario de la dictadura y miembro de la Corte de Apelaciones de Copiapó el 2012, en 2010 aparece boleteando por $4.466.666. Patricio Marcelo Lazcano Silva fue concejal RN por San Joaquín entre 2008 y 2012. Figura como director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea y como abogado del municipio de La Reina durante el 2013. Ha ejercido las mismas labores en Ñuñoa, La Florida y Santiago. También como abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Gobierno Regional Metropolitano durante el 2013. Boleteó el 2010 a SQM por un total de $12.241.122. Un ex DC y actual PRI que figura en la lista es Jorge Rodrigo Brito Gajardo, quien ejerce como Core de la Región del Biobío. Fue candidato a diputado por el distrito 42 en las elecciones del 2009. Boleteó el 2010 por $16.666.677. 

El resto de nombres que forman parte de la investigación de la Fiscalía por haber extendido boletas a SQM en julio del 2009, y que también aparecen en el listado 2010, son: Ana Palacios Silva, con $13.337.777, el 2010. Su hermano Mauricio, que también figura ese mismo año, con $6.666.677. Ambos son hijos del coronel de Ejército Mauricio Palacios Amigo. Carlos Sepúlveda Espinoza, con $15.722.222; Marisol Toro González, que aparece con $13.338.366; Alejandro Urra Lorca, asesor jurídico de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Municipalidad de Colina, que figura con $4.777.777; y Mónica Gajardo Córdova, con $14.888.888.