Interna denunció la situación en clínica de Concepción. Matronas y Colegio Médico calificaron el hecho como “inaceptable”.

Por Karin Hillmann para La Tercera

El caso de Lorenza Cayuhán, la comunera mapuche de 30 años que denunció haber dado a luz engrillada en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, abrió el debate respecto de los protocolos a seguir en caso de emergencias con personas privadas de libertad. Ella, quien actualmente cumple una pena de cinco años y un día por el delito de robo con intimidación en Cañete, acusó que en medio de su cesárea permaneció durante todo el procedimiento con grilletes en los tobillos y con la presencia de un gendarme al interior de la sala quirúrgica.

La directora del recinto, Paulina Romagnoli, explicó que la mujer tenía un elemento metálico en los pies, pero que no estaba amarrada a la mesa quirúrgica: “Ella ingresó con contención. Tenía un grillete puesto por fuera del panty de prevención de trombosis, y quedó puesto en la cirugía”.

Para la presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Anita Román, no existe protocolo alguno para este tipo de procedimientos con mujeres privadas de libertad: “Lo que sucedió en el Sanatorio Alemán es un descriterio. No se puede pensar que una mujer que tiene bloqueada su musculatura de la cintura hacia abajo se va a arrancar de una sala de operaciones. El equipo médico perfectamente podría haber exigido que esa mujer no tuviera absolutamente ningún tipo de amarre durante el proceso de cesárea”.

Según Román, esto es un problema habitual y el Ministerio de Salud debería crear una norma administrativa sobre las acciones que se deben seguir con las personas privadas de libertad en las maternidades. “A diario vivimos situaciones similares, sobre todo en los recintos públicos. Muchas veces tenemos desencuentros con la policía cuando llegan mujeres en situación de embarazo”, sostuvo.

Enrique Morales, en tanto, miembro del Colegio Médico que entrevistó a Lorenza, a su familia y a personal del recinto, expresó que “lo sucedido es una situación inaceptable. Nosotros, como departamento de DD.HH. del colegio, vamos a emitir un informe. Esta es una situación grave, y si es necesario el colegio se hará parte de una querella por estos inaceptables hechos”.

El martes, Gendarmería, a través de la dirección regional del Biobío, defendió la rigurosidad del procedimiento, “al estar garantizado el retiro oportuno de las medidas de seguridad (grilletes) antes de que ésta (la mujer) fuera sometida a maniobras de parto”. De todos modos, anunció una investigación interna.

Por ahora, después de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera los recursos de protección y amparo interpuestos por organizaciones sociales y por el presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, Lorenza podrá estar de forma permanente con su hija durante los próximos tres meses y no será traslada a la cárcel El Manzano, como se había previsto. Hoy se mantuvo en la clínica.

Margarita Llegul, madre de la mapuche, expresó su satisfacción: “Agradezco mucho el apoyo, primero la iban a trasladar a la cárcel y su bebé iba a quedar acá, sola”.

El gremio afirma que, en el caso de Masvida y Cruz Blanca, el plazo se estaría duplicando.

El Colegio Médico requirió a la Superintendencia de Salud un pronunciamiento sobre la “legalidad vigente en materia de pago de prestaciones médicas”. Eso pues, según el gremio, las isapres están demorando el pago a profesionales independientes y a los que trabajan en centros de salud privados.

Fuente: La Tercera

Mediante una carta enviada el pasado 23 de septiembre, el gremio expuso su preocupación por la “continua dilatación en el proceso de pago de las prestaciones realizadas por los profesionales médicos, aumentando sostenidamente el número de días promedio con que las distintas empresas aseguradoras cumplen su parte del contrato respectivo”.

El secretario del Departamento de Medicina Privada del Colegio Médico, Pablo Araya, explicó que, en el caso de dos isapres, los plazos de pago se han duplicado. “Hasta el momento tenemos dos claramente identificadas: Cruz Blanca y Masvida”. Araya agregó que “es tanta la demora que la gente (médicos) está cobrando directo, y al final son los pacientes que se entienden con la isapre”.

El representante del gremio añadió que no descartan acudir a la justicia.

Al respecto, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, indicó que esta denuncia se suma a la presentada por Clínicas de Chile contra las isapres por la misma causa y que se trata de una situación que están observando. Sin embargo, por tratarse de un conficto entre privados, “no tenemos muchas competencias directas, pero queremos recabar información y analizar qué es lo que está ocurriendo”.

Pavlovic sostuvo que “las alertas de estos gremios son consistentes con el deterioro de los indicadores financieros que hemos visto, y esta última agrega un ingrediente más de ruido en esta situación del sistema”, indicó.

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, dijo desconocer la situación de cada isapre con sus prestadores. No obstante, dijo entender la preocupación del gremio por el riesgo general de las aseguradoras causado por la “desatada judicialización que ha significado un enorme traspaso de recursos de isapres a pequeños grupos de abogados. Mientras no haya solución, el sistema enfrentará este riesgo financiero cada vez con mayor dificultad”.

Masvida y Cruz Blanca declinaron hacer declaraciones.

Profesionales aclaran que no se trata de casos aislados, sino que se ha ido constituyendo "en una práctica más habitual, más extendida y más sistemática". Desde 2011 se han verificado golpes, ahogos, asfixias y desnudamientos, entre otras agresiones.

Fuente: El Ciudadano

Al menos 101 casos de tortura en los últimos 5 años ha constatado el Colegio Médico según un documento elaborado por esa institución, que fue abordado por el programa Informe Especial de TVN este domingo. De golpes, asfixias y desnudamientos, entre otros abusos policiales, da cuenta este estudio, en donde queda en evidencia que la fuerza pública no distingue entre género ni edades, siendo víctimas de las agresiones mujeres, ancianos y niños.

“Nosotros hemos atendido como Departamento de Derechos Humanos 101 personas, pero hay muchos, muchos más casos. Nosotros recibimos solo una pequeña cantidad de lo que ocurre”, señal en el reportaje el doctor Enrique Morales, del Colegio Médico, quien agrega: “Hemos visto varias fracturas. Hemos visto también daños oculares graves”.

El profesional apuntó que cuando comenzó a revisar estas denuncias, en 2011, “tenía la impresión de que eran casos aislados”, pero que finalmente “esto se va constituyendo más que como un hecho aislado en una práctica más habitual, más extendida y más sistemática”.

En ese sentido, el informe del Colegio Médico constata que en 2013 se verificaron 36 casos y en el primer semestre de este año ya van 21. “Hemos visto casos particularmente graves como asfixia con una bolsa plástica puesta sobre la cabeza, provocándole golpes en la cabeza, conocido en el ámbito de la tortura como ‘submarino seco’. También poniéndole líquido en la boca para que la persona se atragante mientras tiene las manos esposadas, otra forma de asfixiarlo, conocido como el ‘submarino húmedo’“, describe el doctor Morales.

Muchas de estas torturas han tenido lugar en manifestaciones ciudadanas, especialmente en las convocadas por el Movimiento Estudiantil. Es por eso que Informe Especial rescató los casos de dos dirigentes que han denunciado sufrir tortura por parte de los uniformados al ser arrestados.

“Me pegaba patadas en mis testículos”

Uno de ellos es el del ex dirigente de la Universidad Santa María, Jorge Brito, cuyo caso fue abordado por El Ciudadano, y que en julio de 2013, en medio de una manifestación estudiantil, terminó con 7 puntos en su mentón, además de una contusión testicular y escrotal, entre otras lesiones, tras una brutal detención por parte de carabineros.

“Un efectivo de Fuerzas Especiales me toma por la espalda, me lanzan un polvo químico directo a mi cara, y luego con aproximadamente 7 o más me llevan detenido a subirme a la micro de Fuerzas Especiales de la 7ª Comisaría. Apenas me tiraron al bus policial, caí en el piso. Un efectivo se deja caer sobre mi cuello con su rodilla mientras me daba golpes de puño en el cuerpo y mientras otro hombre me pegaba patadas en mis testículos. Me estaba ahogando mucho, ya no podía respirar, hasta que el hombre quitó un poco de peso de mi cuello, y con una bomba lacrimógena en su mano me preguntaba si quería que él siguiera o que encendiera la bomba en mi cara. Al pasar unos minutos así, no recuerdo cuántos, con amenazas de patadas y empujones me hicieron sentarme en el piso al fondo del bus policial”, relató Jorge.

Brito continúa contando que fue trasladado a la Tercera Comisaría de Barón, donde “me desnudaron completamente en el baño, me voltearon contra la pared, manos en la cabeza, y bajar hasta el piso y subir unas 3 o 5 veces, con el dolor de los golpes fue algo difícil. Luego me dieron mi ropa y entré al calabozo”.

Tras ser dejado en libertad esa misma noche, Jorge se dirigió al Hospital Gustavo Fricke, donde fue auscultado por un médico cirujano plástico y un médico traumatólogo: Herida contusa en el mentón, contusión testicular y escrotal bilateral, fue el diagnóstico, por lo que le pusieron 7 puntos en su mentón y ketoprofeno intravenoso, junto con una suspensión vertical por 10 días de sus testículos y diclofenaco por una semana.

Cabe destacar que Brito denunció antes la justicia este hecho y uno de los imputados en esa causa es el sargento 2° Marco Guerrero Martínez, el mismo que habría dado muerte al trabajador contratista de Codelco, Nelson Quichillao, en una protesta el 24 de julio de 2015 en El Salvador.