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jueves, noviembre 10, 2016

Presidentes de partido sacaron una dura declaración en la que cuestionaron el papel jugado por el PC en la votación del reajuste y el timonel comunista respondió reclamando por el trato discriminatorio, apuntando directamente al Gobierno, al asegurar que en el fracaso del veto presidencial la responsabilidad no es solo de los partidos y parlamentarios.


Por: www.elmostrador.cl 
El agua no llega al río, pero casi. El oficialismo  está en un punto crítico, con las confianzas políticas rotas y el sentido de coalición en tela de juicio, como no había sucedido hasta ahora.  En la Nueva Mayoría y en La Moneda asumen responsabilidades compartidas en el fracaso rotundo que tuvo el veto presidencial el martes en la tarde en la Cámara de Diputados, para sacar adelante el reajuste al sector público, pero eso no subsana los problemas de fondo: la ausencia de liderazgos gubernamentales y políticos que conduzcan efectivamente al conglomerado, como la tensión entre los socios del pacto que dejó en esta vuelta totalmente aislado al PC, convertido en el amenazado por convivencia de la coalición.

“Esta segunda derrota política del Gobierno fue tan lamentable como bochornosa, escenificando con inusitada crudeza la irrelevancia y vacío de poder de esta administración”, sentenció ayer el abogado y columnista, Jorge Navarrete.

Un análisis que coincide con lo que ayer se escuchó durante toda la jornada en la Nueva Mayoría y en el seno de Palacio: que la situación actual es el reflejo y la consecuencia de la debilidad de la conducción política a todo nivel en el oficialismo, con ministros que carecen de piso y peso político para amarrar, alinear y ordenar eficientemente a su coalición, debido a los errores de diseño y de gestión que cometen, pero también con presidentes de partido incapaces de ordenar a sus huestes, neutralizar a los díscolos y asegurar la disciplina política.

Veinticuatros  horas después del descalabro en el Congreso y de un sinfín de reuniones en La Moneda entre los ministros políticos y en el Congreso entre parlamentarios, además de igual número de llamadas telefónicas entre el Ejecutivo y la Nueva Mayoría, finalmente en la tarde de ayer se tomaron algunas decisiones no menores.

Primero, La Moneda resolvió suspender la reunión que tenía agendada con su conglomerado para consensuar las prioridades de la agenda legislativa para el último tramo del Gobierno, una cita que había surgido como parte del nuevo trato entre los partidos y Palacio, tras las tensiones que atravesaron las últimas semanas.

Segundo, a petición de la presidenta de la DC, Carolina Goic, en su rol de coordinadora de la coalición, La Moneda citó  a un comité político de emergencia entre los cuatro ministros políticos –Mario Fernández (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Segpres), Marcelo Díaz (vocero) y Rodrigo Valdés (Hacienda)– y los timoneles de la Nueva Mayoría, cuyo único punto en la tabla es la crisis que se desató con el rechazo del reajuste del sector público y la vía de solución posible, a tres semanas exactas de que se venza el plazo legal para promulgarlo.

Y tercero, el gesto público de casi toda la coalición. Previo a que se anunciara dicha cita, todos los timoneles de la Nueva Mayoría, con excepción del líder del PC, Guillermo Teillier, firmaron y difundieron una declaración pública en la que reconocieron el esfuerzo que había hecho el Gobierno en materia de reajuste; respaldaron la gestión del ministro Valdés; asumieron su cuota de culpa en no poder garantizar la disciplina de sus bancadas para evitar que diputados de todos los partidos oficialistas se sumaran al rechazo del veto y, junto con hablar de “evitar medidas populistas” que no están acordes con el escenario económico actual, criticaron la conducta de la bancada comunista “de votar en bloque en contra de su propio Gobierno, fuera de los márgenes de lo acordado por todas las colectividades”.

Par de frases que, lejos de aportar a la solución de la crisis, implicó un portazo público de la coalición a uno de sus socios y literalmente incendió la pradera del oficialismo, agudizando la tensión de las relaciones en el seno del conglomerado.

Es que pasaron no más de dos horas para que Teillier leyera en el Congreso –flanqueado por el resto de la bancada PC allí presente– una declaración pública en la que cuestionó la “referencia discriminatoria e inaceptable hacia nuestro partido con la intención de asignarle la principal responsabilidad” en lo sucedido esta semana; habló de trato discriminatorio hacia su colectividad, “sin consulta previa y en situaciones complejas”; que era evidente que el veto presidencial se habría rechazado igual con o sin ellos y reiteró que jamás comprometió los votos comunistas ante La Moneda, sino solo “el empeño de hacer lo posible” por lograr un consenso en torno a la propuesta de Hacienda.

Teillier fue duro al sentenciar públicamente que la senadora Goic lo llamó solo una vez para comentarle que se estaba preparando un documento, en circunstancias que en ese mismo momento –recalcó– la declaración de la Nueva Mayoría ya estaba siendo difundida. El timonel comunista dejó en suspenso su participación de hoy, que será decidida antes de las 14 horas por las instancias partidarias de rigor.

“Tratar de endilgarle una responsabilidad mayor o principal al PC para mitigar la responsabilidad de otros, no nos parece el camino correcto. Consideramos que las responsabilidades son compartidas y no solo de los partidos y los parlamentarios”.

Es que no solo el PC apunta a los errores cometidos por los ministros del comité político, principalmente en el diseño para enfrentar la difícil situación del reajuste al sector público. En la Nueva Mayoría y en el propio seno de La Moneda se apuntaba a la equivocación de enviar el veto presidencial el martes a primera hora, precipitando con ello la votación, sin haber contado y chequeado antes si realmente estaban o no todos los votos que se necesitaban, en vez de tratar de salvar contrarreloj la situación, con el resultado ya conocido.

“El problema es la forma como se hacen las cosas desde el Gobierno”, dijo un diputado oficialista.

En la mira

La jornada de ayer fue un intenso cruce de recriminaciones, acusaciones y explicaciones entre los parlamentarios, los partidos y el Ejecutivo. Entre los diputados que rechazaron el veto presidencial aseguraron que una de las razones detrás de sus votos fue que, ante la evidencia de que no habría votación en bloque del oficialismo y que varios se descolgarían por no compartir los criterios del Gobierno –partiendo por el PC–, optaron por no estar dispuestos a pagar el costo político de apoyar el guarismo del 3,2%, que en la práctica realmente convencía a muy pocos, una situación que en La Moneda asumieron como efecto dominó.

Pero en los análisis internos de Palacio se llegó a la conclusión de que hubo una responsabilidad ministerial clave, razón por la cual no se puede culpar de todo al PC. Se asume que hubo una “falta de ingeniería política” y una “incapacidad para cuidar los detalles políticos relevantes”.  Tras revisar una y otra vez lo conversado en la cena del lunes en la noche, como las declaraciones públicas de rigor tras el encuentro, en La Moneda asumieron que los comunistas no mienten y que es efectivo que nunca comprometieron los votos de su bancada, solo la voluntad de tratar de buscar un acuerdo y que fue desde el Gobierno que se dieron apresuradamente las garantías públicas de tener amarrada la aprobación del veto presidencial.

Pasadas las 11 de la noche del lunes, Teillier salió a los patios de La Moneda y dijo textual ante las cámaras: "Yo creo que nadie está satisfecho con el acuerdo. Lo que nos compromete este acuerdo, es a buscar las posibilidades de que se apruebe el reajuste. Yo no sé cómo va a votar mi bancada, voy a discutir con la bancada mañana (martes) y en ese momento vamos a determinar".

Luego, salió el ministro Díaz y declaró: "Hemos alcanzado un acuerdo con los presidentes de los siete partidos de la Nueva Mayoría sobre el reajuste, esto se va a traducir en un veto que vamos a ingresar el día de mañana (martes) a tramitación en la Cámara de Diputados y esperamos que esto se traduzca en la aprobación del reajuste al sector público en el Congreso (…). No ha sido fácil, hemos tenido que emplear tiempo y trabajo para construir este acuerdo y nos parece una buena noticia".

Es por estas expresiones que Teillier, en su declaración pública de ayer, recalcó que aquí no había solo responsabilidades partidarias y parlamentarias, punto que –dijeron en Palacio– explicó durante toda la mañana a autoridades de La Moneda. “Desde el punto de vista del Gobierno el tema del veto no fue bien cerrado, por lo tanto, no podemos exigir nada, porque si bien es verdad que hubo una falta grave a la disciplina política, aquí no se rompió la palabra empeñada”, sentenció un alto asesor palaciego.

Entre varios de los asistentes a la reunión del lunes en la noche, la versión del PC tiene asidero, porque reconocen que en la práctica en esa conversación solo se habló del acuerdo de los timoneles para “maximizar todos los esfuerzos” en pos de lograr un acuerdo y que nadie se hallaba en condiciones reales ese día de asegurar la unanimidad de los votos de sus bancadas, porque todos los dirigentes estaban en antecedentes de que contaban a su haber con al menos algunos rechazos.

Dicho eso, en Palacio explicaron que en sus declaraciones el ministro Díaz trató de dar una señal de fuerza política y “fraseó” lo sucedido como un acuerdo ya conseguido, lo que no era tan cierto.

La timonel socialista, Isabel Allende, llegó a La Moneda pasadas las 19:30 horas para reunirse con Díaz, conversación que se prolongó por cerca de dos horas.

El descalabro político que gatilló el segundo rechazo del reajuste, revivió la presión por un inminente cambio de elenco gubernamental. Más aún, si los partidos ya asumieron su cuota de culpa por su incapacidad de imponer disciplina, es indispensable que La Moneda haga lo propio con un ajuste en el equipo político, porque es la única forma de “resetear” y tratar de partir de cero.

“Se requiere un cambio del comité político ahora, ya que, aunque las cosas no mejorarán, al menos hay que intentar llegar a la orilla”, agregó el analista Jorge Navarrete, quien de paso puso el foco también en la “irresponsabilidad de la oposición”, que –según él– ha tenido un “comportamiento tan miserable como pequeño, traicionando, de paso, todo cuanto dicen defender y promover: un adecuado y moderado gasto fiscal”.

¿Vía de solución?

En medio de todos los análisis, conversaciones y declaraciones públicas, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, puso sobre la mesa una alternativa que permita asegurar una fórmula de reajuste al sector público, a pesar del fracaso del proyecto gubernamental en el Congreso. La idea la socializó transversalmente con parlamentarios de la Nueva Mayoría –incluido Teillier, quien la destacó públicamente– y se mandó el mensaje del contenido de la propuesta, antes de hacerla pública, a La Moneda.

"Aquí hay una idea, tómenla o déjenla", dijo Andrade. "Que se entregue a los trabajadores del sector público, un bono de $1 millón anual en cuatro cuotas trimestrales de $250 mil para quienes tienen un ingreso de hasta $550 mil. Respecto de aquellos trabajadores que ganan más de $550 mil y hasta $900 mil, se les entregue un bono de $600 mil anual en cuatro cuotas trimestrales de $150 mil", detalló.

La propuesta no debería tener problemas de financiamiento, porque está hecha sobre la base de los fondos contemplados en el proyecto gubernamental inicial y, además, responde a una fórmula muy similar que ya se aplicó una vez, durante el primer mandato de Bachelet.

El diputado PS agregó que “el 3,2 % fue rechazado con votos de una parte de parlamentarios de la Nueva Mayoría y la abstención de la derecha impidió que los trabajadores públicos tuvieran Reajuste Salarial. Los chilenos deben saber que, al no existir reajuste, no se reajustan los montos de la subvención escolar, los aportes a la educación superior. Es muy fácil votar que NO, por dios que es fácil, pero hay que hacerse cargo y yo me estoy haciendo cargo con esta propuesta”, afirmó.

jueves, mayo 19, 2016

Un nuevo 21 de mayo se vislumbra enfocado principalmente a la recuperación del crecimiento económico. Sin embargo, las reformas a las isapres y las AFP parecen quedar, una vez más, a la espera.

En octubre de 2014, la presidenta Michelle Bachelet recibió de manos de la Comisión Asesora Presidencial un informe de reforma al sistema de isapres. En septiembre de 2015, la Comisión Asesora Presidencial, esta vez, para la reforma al sistema de pensiones entregó 58 propuestas a la mandataria. Ambas reformas siguen descansando en el escritorio presidencial hasta ahora.


En el gobierno preocupa la situación económica del país. Ad portas de un nuevo discurso de 21 de mayo, desde el oficialismo han apuntado a que el contenido será principalmente la recuperación del crecimiento económico. Eso, sumado a la dilatada aprobación de la reforma laboral, más una reforma a la educación superior que ingresaría en junio al Parlamento, han llevado a las isapres y a las pensiones a un segundo plano que ya empieza a empolvarse.

Sin embargo, el tema causa preocupación entre expertos y organizaciones sociales, sobre todo porque, en el caso de las isapres, la presidenta anunció en el último 21 mayo que la reforma ingresaría durante el año, compromiso que no se cumplió. Además, la etapa pre legislativa de ambas iniciativas ha estado marcada por el “realismo sin renuncia” o “segundo tiempo” del gobierno: La activa participación del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés en la preparación de los proyectos.
“Que el negocio de las isapres sea sustentable”

En marzo de este año, Rodrigo Valdés sorprendió a todos en el ministerio de Salud: “Necesitamos que las isapres sobrevivan y existan 10 años después de la reforma”, dijo en la comisión de Salud de la Cámara. Y agregó que “lo que hemos discutido en las comisiones técnicas, a mí al menos, me deja con una cierta duda de que lo que sea posible hacer como, entre comillas, negocio de isapres sea sustentable. Nos preocupa mucho hacer un salto y entrar en un problema unos años después”.

Además descartó de plano a que se involucre a Fonasa en la iniciativa y que se transforme en una “quinta reforma estructural del gobierno”. La señal fue aplaudida entre las isapres, las que han rechazado cualquier posibilidad de reforma de fondo al sistema.

Los dichos de Valdés contrastan con los resultados entregados por la comisión asesora en 2014, que propuso un tránsito de 10 años hacia un fondo único de salud. También incluía el destino del 7% de cotización a la seguridad social a financiar los riesgos del sistema para que no existan las preexistencias. Esto fue considerado por las isapres como “expropiación” del 7%, mientras que desde Hacienda han asegurado que los planes deben tener precio y no ser financiados con las cotizaciones. Quien fuera secretario ejecutivo de la comisión asesora,Camilo Cid, aseguró hace un mes en La Tercera que esa postura es “la lógica decontinuar con un criterio mercantil, donde tu fijas un precio y al que no le alcanza tiene que poner la diferencia, como en los seguros privados”.

Sobre la postura de las isapres, aseguró que “es natural que los intereses se manifiesten, pero sería bueno que no se disfracen de análisis técnicos. Si las isapres temen a las condiciones en que van a quedar, que lo planteen y no se trate de influir para torcer la mano a la propuesta. Que planteen su preocupación como una industria que desea tener ganancias, perdurar, pero que no inventen que la reforma es mala o mal hecha, porque eso disfraza sus intenciones”.

Cid -quien dejó la coordinación de la reforma en junio de 2015- también manifestó que cualquier cambio al sistema de salud privado no puede dejar fuera a Fonasa. Sin embargo, esto fue descartado por Valdés.

Para Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, los dichos del ministro de Hacienda, “dejan claro las intenciones y objetivos del gobierno, que es favorecer el sector privado. Es triste porque con la comisión asesora hubo un planteamiento de reforma con cambios estructurales. Hay una falta de voluntad política de generar solución estructural al problema de salud. Se plantean mejoras al sistema pero que no alteran las capacidades de acumulación de los dueños de isapres y de clínicas”.

En 2015, pese al contexto económico del país, las isapres tuvieron estratosféricas ganancias de $37.244.016.000, según datos entregados por la Superintendencia de Salud. La semana pasada en el contexto del Chile Day en Londres, Rodrigo Valdés se reunió en privado con un grupo de empresarios que asistió a la instancia. “Yo sé los temas que a ustedes les importan”, habría dicho el ministro, según publicó el diario Pulso. La ocasión sirvió para darles certeza a los empresarios de que, pese a que se está trabajando en cambios en pensiones e isapres, las reformas estructurales de la Nueva Mayoría ya se hicieron.

“Uno podría esperar que quien determine las condiciones de un proyecto de estas características sea Salud y no Hacienda. Me molesta que el ministro de Hacienda trate de determinar todos los elementos que tienen que ver con las transformaciones necesarias que la ciudadanía requiere porque queda la sensación de que se privilegia y resguarda el interés económico de las empresas”, afirma la diputada miembro de la comisión de Salud de la Cámara,Karol Cariola.

Para la parlamentaria del PC sería un error que cualquier cambio al sistema privado de salud no incluya a Fonasa porque, si se regulan los abusos y arbitrariedades del sistema de isapres, podría provocar una fuga del sistema público al privado.

La misma postura manifestó la directora de Fonasa Jeanette Vega en agosto de 2015, lo que generó toda una polémica en Salud y en la Nueva Mayoría. Desde el ministerio aseguran que es sabido que la postura de Vega es bastante más radical que la de la ministra Castillo y el ministro Valdés y que lo que está primando en las decisiones del Ejecutivo -incluso más que el lobby de las isapres-, es la presión por los recursos. En ese sentido, incluir a Fonasa en la reforma supondría mucho más dinero fiscal.

En principio, el año empezó con el trabajo en la reforma a las isapres bajo la coordinación del superintendente de salud Sebastián Pavlovich, con el plazo de que esté disponible para que la presidenta anuncie el proyecto este 21 de mayo. Sin embargo, fue la propia ministra de Salud Carmen Castillo la encargada dedescartar que se presente en la cuenta pública de este sábado.

Aunque, siendo rigurosos, el anuncio ya fue hecho, ya que el 21 de mayo pasado fue anunciado por la presidenta Bachelet, por lo que pasa a la lista de promesas incumplidas de la cuenta pública de 2015.
Pensiones a la espera

En septiembre del año pasado la comisión Bravo entregó 58 medidas para mejorar el sistema de pensiones. El informe incluye tres opciones de cambio de modelo: pasar a un sistema de reparto -desechada por la propia comisión-, pasar a un sistema mixto de cuentas o realizar una reforma en base al sistema de pensiones solidario que ya existe desde 2008.

Entonces, la presidenta Bachelet convocó a un comité interministerial para realizar propuestas sobre el sistema de pensiones, presidido por la ministra del Trabajo Ximena Rincón y con la presencia de los ministros de Hacienda, Sernam, Economía, Desarrollo Social y Segpres.

Desde entonces, ninguna novedad. Se suma el proyecto de AFP Estatal que duerme desde hace dos años en el Congreso, después de que fuera paralizado por el Ejecutivo a la espera de los resultados de la comisión Bravo. La dilatada reforma laboral ha sido el principal escollo para pasar a la reforma a las pensiones, pero la importancia del tema ha llevado a parlamentarios oficialistas y expertos a presionar al Ejecutivo por respuestas en el tema.

Por ejemplo, en entrevista con CNN Chile, el diputado de la DC Fuad Chahín pidió que en el discurso del 21 de mayo la presidenta anuncie la moción de urgencia para el proyecto de AFP Estatal.

La urgencia está dada por lo precario de las pensiones actuales, donde el 90% de las pensiones de vejez son incluso menores que el salario mínimo. Para David Bravo, economista que presidió la comisión asesora sobre el tema, dentro de las 58 propuestas habían varias que se pueden aplicar desde ya para solucionar -aunque parcialmente- el problema, como incrementar la cotización con carga al empleador, incrementar la edad de jubilación de las mujeres y el monto y cobertura de la pensión básica solidaria.

“Las comisiones presidenciales no son vinculantes, son solo una propuesta a la presidenta y es ella quien define. Pero me preocupa que se dilate esto, sería bueno que se comunique por último un cronograma de trabajo. La invitación a las autoridades fue que se consideren medidas urgentes porque van a tener impacto en las pensiones”, afirma Bravo.

La misma postura tiene Claudia Sanhueza, también miembro de la comisión: “Una reforma estructural es difícil porque queda poco tiempo, pero al menos debería plantearse un programa de cambios porque es una demanda ciudadana bastante fuerte, es una preocupación de todos porque las pensiones son muy bajas y esa preocupación merece una respuesta”.

La postura desde La Moneda es entregar una propuesta de características solidarias, amparadas en la reforma previsional del primer gobierno de Bachelet en 2008. Para la diputada del PS Denise Pascal, miembro de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, se va ingresar un proyecto de reforma a las AFP, pero eso no significa que será estructural. “Nosotros como país y como Estado, por más de que yo lo quiera, no podemos definir que desaparezcan las AFP. Eso sería declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Tenemos que buscar una fórmula con un sistema equitativo con características solidarias”, asegura.

Más pesimista es Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol y que ha trabajado en conjunto con la organización “No más AFP”. Para él, el retraso en el proyecto “demuestra la falta de interés de las autoridades de cambiar lo que son las piedras fundamentales del sistema de acumulación de ingresos que existe en Chile, que es el modelo de AFP. No es un modelo de seguridad social, es un dispositivo que permite que los grandes grupos económicos reciban dinero de la cotización y generen crecimiento de sus propias industrias”.

A dos días de un nuevo 21 de mayo, en el que desde el oficialismo han declarado durante toda la semana que el crecimiento económico será el principal foco, queda esperar si las isapres y las AFP serán mencionadas por la Presidenta en Valparaíso.

Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/

lunes, mayo 09, 2016

Confech, Confusam y Greenpeace son algunas de las organizaciones que han manifestado su apoyo al rumbo político que ha tomado el movimiento social en Chiloé. A siete días del estallido del conflicto los trabajadores continúan movilizados.

Hoy se cumplen siete días de protestas en Chiloé, donde los pescadores artesanales exigen al gobierno una solución digna a los problemas causados por la marea roja.

Luego que el pasado jueves se quebró la mesa de diálogo con el Ejecutivo, debido a la oferta insuficiente realizada por ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, diversos movimientos sociales se sumaron en apoyo a los afectados por esta crisis que dejó en evidencia problemas históricos que afectan a la zona.

Así, este sábado más de dos mil personas entre familias, trabajadores portuarios y estudiantes se manifestaron en la avenida Diego Portales en Puerto Montt, para apoyar las demandas de los pescadores en Chiloé. La movilización fue reprimida por carabineros que detuvo a siete personas, entre ellos cinco adultos y dos menores de edad.

Durante la jornada del domingo voceros del Confech se reunieron con dirigentes de Chiloé para coordinar ayuda desde las distintas regiones del país. Noelia Garrido, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Frontera dijo que los estudiantes deben movilizarse en conjunto con los trabajadores. En ese sentido, destacó que los cambios de la educación en Chile deben propender a formar profesionales que trabajen de cara a las comunidades y no a los empresarios.

“En el sur se están levantando los pueblos debido al saqueo de este modelo extractivista. Las consecuencias que se ven hoy es parte también de las demandas de los estudiantes. La relación que tienen estos grandes empresarios y cómo ellos inciden en nuestras mallas curriculares, en nuestro perfil de egreso. Por eso estamos apoyando la lucha de los trabajadores y reconociendo que es la misma lucha de los estudiantes”, afirmó.

En Santiago el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Esteban Maturana, manifestó también el apoyo del gremio a las demandas de los pescadores y anunció que, de no haber una solución por parte del gobierno, la organización emprenderá acciones de protesta durante la semana.

“Aquí hay una responsabilidad del gobierno por cuanto se ha privilegiado un modelo de desarrollo destructor del medioambiente, sin capacidad de controlar ni fiscalizar para que cualquier actividad productiva se haga con respeto al medio ambiente y protección a la salud de las personas. Y anunciamos claramente no solo nuestra solidaridad, sino que si el gobierno no entrega respuestas satisfactorias durante las próximas jornadas, estamos disponibles a analizar acciones de mayor envergadura y dureza”, aseguró.

El dirigente indicó que exigirán una investigación a fondo que aclare el origen del problema, que ha sido vinculado al impacto de la industria salmonera en la región. A esta demanda se sumó también la organización ambientalista Greenpeace, cuyos voceros viajaron a la zona y anunciaron que solicitarán a través de la ley de transparencia informes que permitan dilucidar si el vertimiento de salmones al mar se realizó a una distancia menor a la establecida por la norma.
Las 15 demandas de la Mesa Provincial de Chiloé.

Pese a que los sindicatos de pescadores decidieron abrir de manera parcial el paso a camiones con combustible y víveres, el movimiento social continúa firme en Chiloé.

Así, este sábado se conocieron las 15 demandas exigidas por la mesa provincial de Chiloé para poner fin al conflicto económico y social que enfrenta la zona. La crítica situación iniciada por el vertimiento indiscriminado de salmón podrido en las aguas del archipiélago, ha sido calificado por dirigentes sociales como “la gota que rebalsó el vaso”.

La iniciativa fue firmada por la Mesa Provincial de Chiloé, que tiene como propósito articular las demandas de todas las comunas que la componen hasta el momento: Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez y Quinchao.

En el documento, los trabajadores aseguran que todo el territorio de Chiloé se encuentra movilizado y controlado por los trabajadores del mar y organizaciones sociales y comunitarias.

Los dirigentes del movimiento han afirmado que el conflicto no es sólo por la situación del mar, sino que actualmente se trata de un conflicto político: “acá hay un frustración que se arrastra por décadas de temas que no han sido resueltos por las autoridades”, afirmó el vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros.

Las demandas son las siguientes:

1. Exigimos la declaración de Zona de catástrofe ambiental a todo el Archipiélago de Chiloé.

2. Que se fije pronto una acuciosa investigación que analice en profundidad las reales causas de la crisis medioambiental y que determine si existe responsabilidad directa o indirecta de las empresas salmoneras que vertieron sus desechos en el mar de Chiloé.

3. Solicitamos que se investigue y sancione a las autoridades políticas de las diferentes instituciones que autorizaron arrojar al mar los salmones con avanzado estado de descomposición; conocer el estado actual de la real contaminación en todo el Archipiélago y que se informe cuantas toneladas fueron realmente las que se vertieron, donde las depositaron, con que productos químicos fueron diluidos y quienes son los responsables de esta acción.

4. Hacer un estudio sobre el daño ambiental que ha provocado la industria salmonera en sus treinta años de existencia en las costas del archipiélago, para determinar las condiciones de su futuro funcionamiento y además determinar una indemnización al Archipiélago por el desastre ecológico y medioambiental en el que nos han dejado.

5. Regular la biomasa de la piscicultura, centros de cultivos de salmón, miticultura y cultivo de abalones a fin de preveer una futura catástrofe.

6. Solicitamos la inmediata eliminación de los partes cursados a todos los pescadores artesanales de Chiloé y el congelamiento de los créditos adquiridos por los pescadores artesanales.

7. No al traspaso de merluza del sur al sector industrial.

8. Autorización para la extracción de salmón chynook a fin de paliar la grave crisis que hoy viven los pescadores artesanales.

9. Solicitamos la apertura o corrida de lista de la pesquería bentónica y de mersales.

10. Exigimos indemnizaciones y bonos permanentes para los afectados por esta grave crisis, entre los que se incluyen pescadores artesanales, recolectores de orilla, algueros, mitilicultores, feriantes, macheros y ramas afines.

11. Solicitamos apoyo técnico para la reconversión de todos los afectados que lo soliciten.

12. El Estado debe establecer en sus políticas públicas un permanente apoyo al sector pesquero artesanal por el riesgo de un nuevo florecimiento toxico, el que siempre estará presente en nuestro archipiélago desde ahora en adelante.

13. Solicitamos y apoyamos la creación de un comité técnico-científico basado en Chiloé y que de sustento y apoyo a la clarificación de las causas que originaron este desastre medioambiental.

14. Exigimos que el representante que nombre el gobierno, venga a entregar su propuesta a Castro, capital provincial del archipiélago de Chiloé.

15. Y por último sabemos que todos estos temas están vinculados con la corrupta ley de pesca y por lo tanto exigimos su derogación inmediata.