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jueves, abril 20, 2017

A la postre y luego de consensuar los diversos agentes sociales y políticos, incluido, por cierto, el Tribunal Constitucional, cual fue el resultado de esta especial mezcla, una Ley que en términos coloquiales la podemos definir como ni “chicha ni limonada”.

Por: www.elmostrador.cl
Ha comenzado a regir lo que, se especulaba, fuera la gran Reforma Laboral de todos los tiempos. Ahora bien, ¿qué se reformó?

Para los menos entendidos es interesante fijar cierto piso y expresar que el Sindicalismo en Chile representa, en términos de afiliación, aproximadamente un 15% de la masa trabajadora de nuestro país. En matemáticas simples, ya que las personas no somos sujetos de censarnos por partes, no llega a dos de cada diez. Esa es la masa crítica a la cual afectaría derechamente la reforma que se postulaba con grandes titulares.

A la postre y luego de consensuar los diversos agentes sociales y políticos, incluido, por cierto, el Tribunal Constitucional, cual fue el resultado de esta especial mezcla, una Ley que en términos coloquiales la podemos definir como ni “chicha ni limonada”.

¿Qué se perseguía con la recordada “titularidad sindical”? Que organizaciones intermedias, que no eran sindicatos, sino agrupaciones de colectivos con una significación menor, ya los mismos poco representativos sindicatos, se sentaran a la mesa negociadora exigiendo derechos a la patronal, que, según refrendaban, nacía del hecho de estar reconocidos por la Constitución en su calidad de “organismos intermedios”.

Ahora bien, el resultado era previsible, estando en un país legalista donde todo lo tratamos de solucionar haciendo leyes, no se logró la mal anhelada titularidad, sobre la que ya antes del debate, en las esferas más conservadoras, se cuestionaba la legitimidad de esta titularidad en un sistema desmedrado desde el punto de vista de la representación sindical, como antes comenté.

Ahora bien, no todo lo malo es tan malo, ya que de los elementos secundarios de la reforma rescatamos lo siguiente: que se ritualizó con carácter de ley el hecho del “establecimiento del último contrato colectivo vigente como piso para la negociación”, a la postre una costumbre, la que para un sector de los laboralistas se entendía una vez que entraba en vigencia el contrato colectivo; dichas cláusulas se convertían de "derechos adquiridos” en al contrato individual laboral, por lo cual desde ese momento cambiaba de calidad y no se observaba con ojos saludables la posición empresarial, que después del término de dicho contrato se partiera a fojas cero.

Otro de los flecos rescatables de este pieza de vestir mal diseñada, resulta ser “la prohibición de realizar reemplazo de trabajadores durante la huelga”. Lo que tiene que ver con la significación de una masa grupal que es parte de la empresa, como lo son quienes deciden votar y estar en huelga en pro de las exigencias de prerrogativas laborales, lo que en definitiva empareja la cancha; en este escenario siempre disímil entre empleadores y trabajadores.

Por su parte, rescatable igualmente resulta lo ya prevenido por el concepto “otorgar el carácter de Ley al principio de buena en la negociación". Qué se entiende por esto: “… sin más; que el juego limpio entre las partes…”, qué denominamos “el juego limpio”. “El principio de la buena fe cuando se elaboró el Convenio núm. 154, se señaló que la negociación colectiva solamente funcionará eficazmente si es dirigida con absoluta buena fe por las dos partes; pero, como la buena fe no se impone por ley, «podría únicamente obtenerse de los esfuerzos voluntarios y continuados de las dos partes« (OIT, 1981, pág. 22/11).

El Comité de Libertad Sindical, además de destacar la importancia que concede a la obligación de negociar de buena fe, ha dejado claro que este principio implica realizar esfuerzos para llegar a un acuerdo, desarrollar negociaciones verdaderas y constructivas, evitar retrasos injustificados, cumplir los acuerdos pactados y aplicarlos de buena fe; a ello se puede añadir el reconocimiento de las organizaciones sindicales representativas –OIT, 1996a, párrafos 814-818, y OIT, 1997c, caso núm. 1919 (España) ob. Cit.,Principios de la OIT sobre la negociación colectiva Bernard GERNIGON, Alberto ODERO y Horacio GUIDO–.

Ahora, como contrapartida ante el avance anterior, tenemos un retroceso en esta normativa, donde, luego de su tramitación final, se mantuvo lo creado por la Constitución del 80, que fue reconocer la libertad de asociación gremial. ¿Pero ahora tenemos una limitación, a juicio del columnista, con el caso del trabajador que no pertenece a ningún sindicato? Este, a decir verdad, tendrá un gran problema para poder renegociar sus condiciones laborales al no estar sujeto al régimen del contrato colectivo, pero esta vez podrá acceder a los beneficios de dicho instrumento, bajo una figura que, a juicio de quien suscribe, limita los derechos de indemnidad del trabajador, ya que “si el empleador y sindicato”, previo acuerdo discrecional, sí deciden hacer extensivo su contrato a los no afiliados, a este “trabajador solitario”, quien podrá adscribirse, luego de ser digno de la “misericordia de los contratantes”, bajo, además, la condición, previa aceptación del individuo y de aportar con equivalente en dinero de cuota sindical en porcentaje a lo que hayan determinado previamente las partes. (Art 322 de la nueva ley). En un sistema que lo podríamos denominar “pague por”.

Ahora, para cerrar, importante resulta la distinción honorífica, para las siguientes medidas: inclusión tendiente en asegurar puestos relacionados con la integración de la mujer en el directorio sindical. En otro orden, el hecho de que las empresas entreguen sus balances y estados financieros a los sindicatos una vez al año, esto es necesario, ya que, en la práctica, muchas desvinculaciones se realizan bajo supuestos írritos del artículo 161, basados en problemas económicos de la empresa que no son tales, transparentando el marco de información que la buena fe debe abarcar.

En suma, haciendo una metáfora de este resultado legal, se arriba a la conclusión de que “el sueño de la casa en la pradera” no llegó, pero al menos se “ha pintado, y reparado los interiores de la actual”. Lo que nos lleva al título de nuestra columna: "Quien lo quiere cambiar todo, no cambia nada”.

domingo, abril 09, 2017

El subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, aclaró que la legislación busca mejorar las relaciones entre empleadores y trabajadores

                                                                                                
Por: www.24horas.cl
El pasado sábado 1 de abril comenzó a regir en el país la Reforma Laboral y que cambia las relaciones al interior de las empresas.

En entrevista con canal 24 Horas, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, se refirió a los puntos clave de la reforma que, según explicó, está centrada en "proponer nuevos y mejores espacios de diálogo al interior de la empresa entre trabajadores y empleadores".

De esta manera, se espera que al existir una mejor relación, "se protejan los derechos de los trabajadores y garantizar la productividad y crecimiento para la empresa".

Puntos Clave

1. Negociación Colectiva: El subsecretario aclaró que con la legislación anterior las soluciones para los términos de conflicto que utilizan los trabajadores es acogerse a un artículo de la ley "que les permita acogerse al piso".

En tanto, aclaró que ahora con la actual ley, los trabajadores podrán acogerse a ese piso al comienzo de la huelga, lo que significará que "las expectativas de las partes se van a ajustar a un acercamiento desde el inicio de la negociación".

2. Jornadas Laborales:

- En este aspecto, se planea la posibilidad de aplicar un esquema 4x3, es decir, cuatro días de trabajo y tres de descanso.

"En aquellas empresas donde haya un 30% de trabajadores sindicalizados, en uno o más sindicatos, esos sindicatos pueden negociar con su empleador este sistema de trabajo". Es decir, las mismas 45 horas semanales se pueden dividir en menos días.

La negociación se realiza entre el sindicato y la empresa, y rige para los empleados que participaron del pacto. Es decir, no pueden haber pactos uno a uno.

- Responsabilidades familiares:

Este ítem hace alusión a un segundo pacto donde un sindicato acuerda con la empresa pueden pactar que, si existe o surge que un trabajador tiene alguna responsabilidad familiar, se acoja a un régimen especial de trabajo.

Esto puede incluir el propio régimen 4x3 o trabajo desde el hogar, ajuste de horarios, etc. Algunos ejemplos son madres o padres al cuidado de hijos pequeños, o trabajadores a cargo de adultos mayores, entre otros.

El subsecretario aclaró que se monitorearán los pactos que se realicen para levantar datos respecto al desarrollo de los mismos.

3. Mayor participación de mujeres en directorios sindicales:

La nueva legislación exige que exista un tercio de participación femenina en directorios sindicales, tanto de base como de federaciones y confederaciones.

Es decir, si la empresa tiene un tercio de mujeres, tiene que tener también un 30% de participación de mujeres en los directorios.

4. Prohibición de reemplazo en huelga:

El subsecretario aclaró que pese a que se trata de un punto polémico, indicó que ya se aplica en muchos países. Esto, según describió Díaz, aumenta el poder de negociación de los trabajadores.

"Al ponerle fin al reemplazo en huelga, el legislador distinguió tres hipótesis donde pueden existir daños y donde puede proveerse de servicios mínimos. En primer lugar, prevenir accidentes, prevenir daño ambiental como el no alimentar a peces en una salmonera, o donde la empresa preste algún servicio esencial para la población donde el no hacerlo puede generar daño a la salud de las personas".

Para ello, se podrá contar con servicios mínimos con "equipos de emergencia" y previo acuerdo de las partes (sindicato y empresas). Si no hay acuerdos, es la Dirección del Trabajo la que dirime.

Artículo 306 plantea que la negociación colectiva de un proveedor no afecta a la firma principal. Proyecto de ley que se tramita en el Congreso busca limitar la subcontratación.

Por: www.latercera.com
El pasado sábado entró en vigencia la nueva normativa que regula las relaciones laborales y su puesta en marcha tiene a varios sectores con más dudas que certezas. Si recientemente el debate estuvo enfocado en la aclaración de la Dirección del Trabajo (DT) sobre los grupos negociadores y sus procesos de negociación, ahora el foco está puesto en las negociaciones colectivas al interior de las empresas contratistas.

El tema que tiene dividido a los expertos es que la nueva normativa permitiría que una empresa pueda reemplazar a trabajadores subcontratados en caso de que estos realicen una huelga, dando paso a que se produzca eventualmente un aumento en la tercerización de funciones.

El artículo 306 de la reforma laboral, inciso quinto, establece que “la negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga”.

De esta forma, la nueva ley permitiría a las empresas reducir la dependencia de un gran volumen de trabajadores internos y del poder de los sindicatos. Cristian Carvajal, gerente general de la empresa de outsourcing y recursos humanos GrupoExpro, detalló que “si durante el proceso de negociación colectiva los trabajadores contratistas hacen efectiva la huelga, la empresa principal podrá suspender el servicio de la contratista y contratar a otra firma para que la producción no se detenga”.

Subcontratación en Chile

Según datos de la Octava Encuesta Laboral (Encla) realizada por la DT, el 17,6% de las empresas subcontrata funciones, siendo las empresas de mayor tamaño las que más optan por esta alternativa.

“Las grandes empresas han tenido siempre una participación en la subcontratación notablemente más alta que la mostrada por las empresas de menor tamaño (…) hoy el nivel de subcontratación en las grandes empresas se sitúa en un 40,7%”, plantea la Encla.

La encuesta de la DT afirma que “en todas las ramas hay empresas que subcontratan una parte, mayor o menor, de su actividad productiva”. Destacan tres rubros en que la subcontratación alcanza un nivel importante: “el suministro de electricidad, gas y agua, en el que participa el 37,8% de las empresas; la intermediación financiera, sector en que el 30,2% de las empresas subcontrata, y la explotación de minas y canteras, donde la proporción de empresas que subcontrata trabajo alcanza al 27,3%”.

Debate

Luis Lizama, asesor laboral de Sofofa, subrayó que la huelga efectuada en una empresa contratista “no afecta a la empresa principal, y en consecuencia la empresa principal va a poder mantener el servicio que le prestaba la empresa que está en huelga del modo que la empresa lo determine. Puede dar término al contrato y buscar otra firma”.

Sin embargo, Lizama sostuvo que, si bien pareciera que con la nueva ley hay un incentivo a la externalización de funciones, “no es una tarea sencilla de tomar”. Agregó que “hay un proyecto de ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una moción del diputado Osvaldo Andrade, que limita las posibilidades de externalizar y que habla de la subcontratación impropia (…) Por lo que si una empresa opta por externalizar funciones y luego se aprueba este proyecto, tendrá que enfrentar algunas complicaciones en ese momento. Para una empresa no es sencillo externalizar funciones para mitigar el efecto de una huelga”.

El proyecto de ley impulsado por Andrade señala que “no serán susceptibles de ser subcontratadas las labores inherentes al giro principal de una empresa, salvo que se trate de la totalidad de ellas mediante un contrato de administración general o similar a éste, y que la empresa principal no ejerza facultad alguna de dirección laboral sobre los trabajadores de la empresa contratista, o subcontratista en su caso”.

Héctor Humeres, asesor laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), indicó que “es muy temprano para sacar una conclusión de ese tipo. Hay que esperar que este asunto se vaya desenvolviendo en el transcurso del tiempo”.

Fernando Alvear, gerente general de la CPC, apuntó a la violencia que se da en algunas movilizaciones como factor a tener en cuenta. “Para que esa norma opere necesitamos que no haya violencia. Hemos visto lo que sucedió en Escondida y ahí se afectó instalaciones de funciones que no estaban en huelga. Por lo tanto veo complejo que se dé ese tipo de espacio. Mientras haya violencia no hay margen”.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, recalcó que “la reforma es clara en que la huelga es sin reemplazo ni interno ni externo”. Añade que de existir un aumento en la tercerización “no es por la reforma laboral, sino que por la búsqueda e interés de algunas empresas de tercerizar sectores para ir abaratando los costos de la mano de obra”.

Jorge Arredondo, director de Grupo Laboral, se mostró preocupado por el espacio al aumento de la subcontratación que entregaría la reforma laboral. “Más que un incentivo, lo que me temo pudiese pasar es que algunas empresas no solo subcontraten labores accesorias a su giro, sino que también labores de sus procesos productivos, haciendo que estas sean desarrolladas tanto por trabajadores propios como por dependientes de un subcontratista”, sostuvo.

Arredondo, si bien valoró la existencia de un proyecto de ley para limitar la subcontratación como la del diputado Andrade, expresó que “se hace perfectamente posible, cumpliendo con los supuestos que mandata la ley, que una empresa pueda subcontratar labores que puedan ser críticas en caso de una paralización absoluta de la empresa. Ahora bien, tiendo a creer que las empresas no solo adoptan estas decisiones por temas de relaciones laborales, sino que también fundado en razones de especialización, eficiencia, desarrollo de conocimiento, etc”.

lunes, abril 03, 2017

Dirigentes del mundo sindical hicieron un llamado a los empleadores a respetar la nueva normativa para mantener las negociaciones en ambas partes, en buenos términos, tras la entrada en vigencia de la Reforma Laboral.

Por: www.biobiochile.cl
Este sábado entró en vigencia la Reforma Laboral y con ello las nuevas normas que fueron incorporadas al Código del Trabajo. Según diversas voces, esta se trata de una de las más complejas que ha llevado a cabo el Gobierno de Michelle Bachelet, durante su mandato.

Su puesta en marcha fue calificada como un avance para “equiparar la cancha” en materia de derechos y deberes, tanto de trabajadores, como de empresarios en nuestro país. Desde la Central Unitaria de Trabajadores esperan que se respete para avanzar en un camino de diálogo y entendimiento.

La mesa directiva de la CUT, además, criticó el ambiente que se generó en torno a la normativa durante los últimos meses, con amenazas de despidos incluidas, lo que para ellos evidencia que se trata de un avance.

Una idea que respaldó el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Banco Estado, Marco Beas, quien criticó eso si, que el período de tensión previa a la negociación con esta nueva normativa, según él, se adelante.

En tanto el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, aseguró que conforme se acercaba la entrada en vigencia de esta reforma, las críticas dejaron de tener un “carácter fatalista”.

La CUT, por último lanzó un manual en donde se detallan los alcances sobre la nueva norma laboral denominado “Guía práctica sobre la ley 20 mil novecientos cuarenta”, el que consta de cerca de 90 páginas y estará disponible en su página web.

domingo, marzo 05, 2017

La nueva normativa cuenta con un cúmulo de críticas tanto del mundo empresarial como sindical y académico. Los últimos advierten que no toca al 61% de trabajadores y que restringe los derechos sindicales, constituyendo verdaderos retrocesos. Los dardos apuntan al Gobierno y a la complicidad de la CUT. Hablan acá el académico laboralista José Luis Ugarte, la dirigenta del movimiento “Cabreados” de la ANEF Orietta Fuenzalida y la ex directora del Trabajo María Ester Feres.

Por: www.elmostrador.cl
El primero de abril entra en vigencia práctica la llamada “reforma laboral”, publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre del año pasado. Según datos de la Dirección de Trabajo (DT), alrededor de 275 mil trabajadores deberán negociar sus condiciones laborales con los respectivos empleadores bajo los nuevo términos, número que representan el 82,6% de los tres mil 485 contratos vigentes en 2 mil 154 empresas.

Si bien la etapa deliberativa debió cerrarse con la aprobación de la ley, quedó pendiente la elaboración de una serie de dictámenes que han reabierto el debate sobre la orientación llevada por la reforma, reflotando sobre todo críticas tanto en el sector empresarial como en el mundo sindical y académico.

Esto sucede en el contexto de una severa deslegitimación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que representó al mundo del trabajo durante la tramitación de la reforma y que hasta hoy mantiene abierta la posibilidad de que tres organizaciones emblemáticas den un paso al costado: el Colegio de Profesores -que declaró “congelada” su participación-, la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Reforma emblemática
“Nivelar la cancha” entre el capital y el trabajo fue la promesa que Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría hicieron en su programa de Gobierno. De este modo, a las tres reformas emblemáticas (a la de una nueva Constitución, la de los tributos y la de la educación) la agenda legislativa del Ejecutivo agregó en 2014 una cuarta bajo la conducción de la ex gerenta de Paz Ciudadana y actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco: la reforma laboral. La iniciativa se presentó como “pro sindical”, contemplando elementos como la titularidad sindical, para “poner fin al Plan Laboral de la Dictadura”.

Sin embargo, en una compleja articulación entre la persistencia de líneas del Plan Laboral de 1979 y una serie de omisiones, se constituyó lo que el profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte, ha caracterizado como “retrocesos”. Entre ellos, se cuenta que la reforma afecta a un sector minoritario de trabajadores, dejando al 61% fuera, según datos de la Fundación SOL. También que se utiliza la figura de la negociación por empresa, a la postre disgregada bajo la figura del multirut, sin considerarse la opción de la negociación por ramas, que es el modo en el que el empresariado sí puede organizarse (la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Bancos, etc. articuladas en la Confederación de Producción y Comercio, son algunas de las instancias).

Dictámenes cursados y pendientes
reformalaboralLos dictámenes son reglamentos específicos que la Dirección del Trabajo emite de oficio, en los que se interpretan disposiciones que no quedarán suficientemente claras en la letra de la ley. Hasta hoy se han emitido siete, que abarcan los “servicios mínimos”, sobre los cuales María Ester Feres, ex Directora del Trabajo (1994-2004), indicó a La Tercera que se arriesga en este ítem que los empleadores intenten “recurrir a una polifuncionalidad extrema”, ampliando de facto el plazo de negociación de 180 días. El “reemplazo en huelga” queda formalmente prohibido, pero la particular figura  de las “adecuaciones necesarias” abre la opción al reemplazo y la judicialización de los conflictos laborales.

También ha habido dictámenes que se refieren a los “equipos de emergencia”, a los “pactos de condiciones especiales de trabajo” y de “derecho a la información de los sindicatos hacia la empresa”. Sobre este último, desde el primero de abril se deberá entregar información financiera y remuneraciones para preparar la negociación colectiva. Este ítem -según Feres- fue interpretado por la DT especificando que se alude a grupos o tipos de cargos. La Sofofa pide reconsiderar aludiendo a la “confindencialidad”, cuestión protegida por el código laboral. Por último, se habilitó como resorte de los sindicatos la “extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados”, cuestión que en la medida en que permanecen los grupos negociadores tiene mucho menor impacto, anulando la titularidad sindical.

Quedan pendientes aún los dictámenes relativos a las “negociaciones colectivas especiales”, aquellas que pudieran implicar salir de los márgenes de la empresa, y las “prácticas sindicales desleales”.

Proyecciones desde la vereda sindical y académica
La dirigenta Orietta Fuenzalida, quien encabezó la lista independiente “Cabreados” en la ANEF -cuya participación en la CUT se mantiene en vilo-, es clara al apuntar que “la reforma laboral favorece más a los empleadores que a los trabajadores”, especificando que “(el hecho de) que se pueda trabajar doce horas cuando el estándar mundial es de ocho, sin duda es un retroceso”. En ese sentido, indica que “si no superamos la legalidad vigente, no podrá haber conquista de derechos”.

Esta perspectiva es compartida por José Luis Ugarte, quien indicó que “en términos sustantivos no hay modificación de las relaciones laborales luego de esta reforma. Seguirá siendo un país débil sindicalmente. Incluso es posible que disminuya, pues se hace más difícil constituir sindicatos”. Por otra parte, señaló que “aumentarán los litigios legales donde hay ya sindicatos constituidos y donde la negociación se hace más compleja”, añadiendo que “el Gobierno armó un entramado tal que conllevará mayores niveles de judicialización”. En definitiva -concluye- “es una reforma grande cuantitativamente y mediocre técnicamente”.

Ambos mantienen sustantivas críticas al rol sostenido por la CUT -de conducción comunista- durante el proceso de discusión. Orietta Fuenzalida apunta que la multisindical “sirvió de aval a esta reforma patronal”. Y señala que ello “ha quedado claro a una gran parte de los trabajadores sindicalizados que creía que la CUT podía representarlos”. “La CUT está pagando sus culpas”, agrega Ugarte, amparándose en la misma idea de que “dio aval al Gobierno de una reforma que ni siquiera comprendían”.

Coinciden ambos en que “lo razonable y positivo es que resultó en cuestionamiento de un sindicalismo autónomo”, en palabras de Ugarte. “Entonces hay muchas perspectivas de unidad, pero por fuera de la CUT. En ese sentido, es positivo lo que ha logrado esta pésima reforma. Sacarse la venda de los ojos y entender que si no nos unimos en una perspectiva autónoma, libre, sindicalista, va a ser muy difícil avanzar”, agrega Fuenzalida.

Ugarte concluye indicando que “en el mundo sindical la reforma creará gran frustración. Los trabajadores notarán que hubo un engaño, que no hay ‘emparejamiento de la cancha’ y, por el contrario, lo que hay es una consolidación de plan laboral de la dictadura”. Lo positivo de eso -apunta- es que “en un año eleccionario el tema laboral puede reflotar como eje de diferencias. La Nueva Mayoría no logra resolver el tema del trabajo”. “Hay que pensar por fuera de los referentes organizacionales tradicionales”, remata Fuenzalida.

jueves, enero 19, 2017

La jornada laboral no podrá exceder las 12 horas.

Por: www.radioagricultura.cl
El 1 de abril comienza a regir en nuestro país la Reforma Laboral que fue aprobada el año pasado y con ello se comenzarán a aplicar algunos cambios para los trabajadores. Uno de los puntos más destacados de la nueva legislación tiene relación con que será posible trabajar cuatro días y descansar tres.

Es decir, existe la posibilidad que las 45 horas semanales que debe cumplir el trabajador ya no sean distribuidas únicamente en cinco días, sino que también en una jornada menos (4). Esto se encuentra planteado en parte del título VI “De los pactos y condiciones especiales de trabajo” de la reforma, donde el artículo 375 asevera que  “las partes podrán acordar que la jornada ordinaria semanal de trabajo se distribuya en cuatro días”.

Pero, ahí mismo se hace una aclaración “la jornada no podrá exceder de doce horas diarias de trabajo efectivo, incluidas la jornada ordinaria, extraordinaria y los descansos. Si la jornada de trabajo supera las diez horas, deberá acordarse una hora de descanso imputable a ella”.

Para poder optar a esto se debe cumplir con algunos requisitos, como que solamente podrá existir en “aquellas empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 30% del total de sus trabajadores”, y podrá acordarse de forma directa y sin sujeción a las normas establecidas o reglamentadas en la negociación colectiva.

En relación a la aprobación del acuerdo se plantea que “por parte del sindicato se sujetará a las disposiciones que establezcan sus estatutos y si estos nada dicen, se aprobarán por mayoría absoluta, en asamblea convocada al efecto y ante un ministro de fe”. El acuerdo tiene un límite de aplicación de tres años.

Mientras que, a los trabajadores no sindicalizados que quieran optar al pacto se les solicitará un consentimiento por escrito.

jueves, octubre 20, 2016

Asesor de senadores DC dice que es insuficiente ver el tema vía dictámenes de la Dirección del Trabajo y cree que una de las opciones es revivir el artículo 314 bis. Gobierno replica que no es el momento.

La discusión respecto de la posibilidad de cerrar los vacíos legales que quedaron en la Reforma Laboral, vía una ley corta, aún sigue latente. Así quedó de manifiesto en el seminario “Del papel a la práctica: los desafíos que impone la reforma laboral”, organizado por la Fundación Carlos Vial Espantoso y Duoc UC, donde una eventual adecuación a la legislación fue uno de los temas que más sobresalió.

El primero en centrar el debate en esa temática fue el ex subsecretario del Trabajo y socio de AMVL Abogados, Zarko Luksic. “Está ley aún está inconclusa. No hay procedimiento para que negocien los grupos negociadores. Por un lado están reconocidos constitucionalmente y legalmente. Así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) y en un sistema donde impera el Estado de derecho, lo que opina el TC es muy relevante. Hay que elaborar un procedimiento y lo ideal es que ese procedimiento sea por la vía legislativa. No creo que pueda ser administrativo”, dijo el jurista, quien recordó que la aplicación en régimen de la Reforma Laboral será el 1 de abril de 2017, por ende, señaló, “todavía tenemos tiempo para llegar a una ansiada ley corta”.

Luksic fue uno de los asesores claves que tuvo el comité de senadores de la Democracia Cristiana (DC) durante el debate legislativo de la reforma, sector que influyó en la moderación de la iniciativa con la inclusión de las adecuaciones necesarias en caso de huelga, y la voluntariedad de la negociación interempresa para las micro y pequeñas firmas. También redactó para los senadores falangistas un informe en derecho que advirtió la inconstitucionalidad de la extensión automática de beneficios vía afiliación sindical, norma que finalmente fue echada abajo por el TC.

Luksic precisó ayer que hay reconocimiento de los grupos en la nueva ley: “en los acuerdos emanados de los grupos negociadores, están en la definición de instrumento colectivo y en otras disposiciones en el artículo 1° que también los reconocen, pero no tenemos procedimiento”.

Advirtió que si no se zanja esta materia vía una legislación adecuatoria, hay un riesgo elevado de litigiosidad: “Hay una posición del TC y podríamos tener una posición de la Corte Suprema que no sabemos cómo va a ser. Esto afecta la seguridad y certeza jurídica de los actores, es un tema que hay que evitar. Por eso es importante que se resuelva consensuando una ley corta”.

Respecto del fondo, Luksic cree que los grupos negociadores deberían tener menos atribuciones que los sindicatos, pero subrayó que de acuerdo a la lectura del fallo del TC, “los grupos sí podrían extender beneficios. Es una tesis que tendría que afirmarse en la ley corta o en las sentencias de los tribunales. La extensión de beneficios está en situación pendiente”, agregó.

Sobre el procedimiento, el experto laboralista acotó que una opción sería revivir el artículo 314 bis que fue derogado por la reforma, que permitía a los grupos negociadores negociar de manera semi reglada, es decir, con requisitos similares a los de los sindicatos.

También en el seminario, el ex subsecretario del Trabajo Fernando Arab coincidió en que “el mundo del trabajo y los expertos en general plantean la necesidad de la ley corta, pues hay una indefinición respecto de los grupos negociadores, no sabemos cómo van a negociar”.

Marchello Marchesse, presidente ejecutivo de Finning Sud América, compartió la preocupación de que la Reforma Laboral “tiene hartos vacíos y esos vacíos generan incertidumbre”. El ejecutivo estuvo a favor de incluir en la ley corta materias que fomenten la flexibilidad y la productividad.

Consultado por la situación de los grupos negociadores, el jefe legislativo del Ministerio del Trabajo, Ariel Rossel, señaló que “la Constitución en su artículo 19 N° 16 dice que la ley establecerá las modalidades y los procedimientos de la negociación colectiva y los casos en que la negociación colectiva estará prohibida por la ley. ¿La ley estableció las modalidades de la negociación colectiva de los grupos negociadores? La respuesta es que no existe un procedimiento para la negociación colectiva”.

jueves, agosto 18, 2016

El Gobierno señaló que acata el fallo del Tribunal Constitucional, por ende esta pasa a su último paso, donde será promulgada y publicada, para entrar en vigencia dentro de seis meses.

Fuente: Sindical

A finales de 2014 la Reforma Laboral inició su recorrido en el Congreso, donde luego de varias modificaciones a su texto original terminó por ser aprobada a comienzos de este año. El documento final no convenció a todos y debió pasar por la revisión del Tribunal Constitucional, donde estuvo varios meses.
Ahora, finalmente el TC dio su última palabra y el Gobierno decidió acatar el texto con las modificaciones que se realizaron en la instancia, tras ser considerados insconstitucionales algunos artículos de la Reforma. Entre los puntos más conflictivos estuvo la titularidad sindical y la extensión de beneficios a nuevos afiliados, que finalmente fueron sacados del documento final.
Tras conocer la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el día 11 de agosto, en relación al proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales, el Ministerio del Trabajo declaró lo siguiente:
“Acatamos el fallo que declara este proyecto de ley como constitucional poniendo término a la tramitación legislativa iniciada el 29 de diciembre de 2014 cuando la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto, con el objetivo de equilibrar las relaciones laborales al interior de las empresas dotando de mejores y modernas herramientas de negociación para las partes”
“De esta manera, el proyecto de ley estará en condiciones de ser promulgado y publicado, el que entrará en vigencia luego de seis meses”.
“Por lo anterior, hacemos un llamado para que trabajadores y empleadores, en conjunto con el Gobierno, implementemos estos cambios en post de mejores relaciones laborales en nuestro país”.

lunes, junio 06, 2016

La Presidenta Michelle Bachelet adelantó que esta semana podría haber un anuncio respecto a la reforma laboral, luego que el Tribunal Constitucional declarara admisible el requerimiento presentado por senadores de oposición.
“Nosotros hemos estado evaluando cuáles son las mejores maneras para poder lograr algo equilibrado, es decir, que los empleadores, los empleados y los trabajadores también puedan tener condiciones equilibradas en el ámbito de su negociación”, dijo la Mandataria en una entrevista con Radio Zero.
“Yo soy una convencida que para eso se necesita un sindicato fuerte y sin duda que lo sucedido con el Tribunal Constitucional para como con los abogados, hay cuatro opiniones diferentes de cuáles son las mejores salidas, entonces esta semana vamos a tomar decisiones así que a penas las tomemos las comunicaremos”, añadió.


Fuente: http://www.infinita.cl/

lunes, mayo 30, 2016

La impugnación en el Tribunal Constitucional perjudicó lo que en el Gobierno consideraban el corazón de la reforma, la titularidad sindical. Hasta ahora se desconoce qué va a hacer el Ejecutivo con lo que quedó de la norma, mientras las críticas apuntan a que se hizo un largo debate para finalmente no cambiar nada.

No hay claridad por parte del Gobierno sobre el camino que adoptará para mantener viva la controvertida Reforma Laboral. No hubo anuncios en el discurso presidencial del 21 de mayo recién pasado y sólo se conoce la voluntad expresada por las autoridades de Hacienda y Trabajo de “no dejar morir” la iniciativa. O lo que queda de ella.

Y es que la impugnación de los parlamentarios de Chile Vamos a la norma aprobada no sin contratiempos en el Parlamento, logró afectar el corazón de la Reforma, la titularidad sindical, con lo que el articulado quedó sin su fuerza original.

Una buena oportunidad perdida para que el Gobierno y la Presidenta Michelle Bachelet cumplieran su palabra, a juicio del vicepresidente de la Federación Sindical Mundial José Ortiz, quien subrayó que lo ocurrido con la Reforma Laboral finalmente deja en mal pie no sólo a los trabajadores, sino al país.

“Esta supuesta reforma en la práctica lo que hace es mantener las violaciones a los derechos humanos fundamentales de los trabajadores, violando el Pacto de San José, violando el Pacto de Viena, violando el convenio 87, 98 y 135 de la OIT. En resumen, menos derechos para los trabajadores”, precisó el representante de la entidad sindical internacional.

El también ex secretario general de la CUT apuntó al sistema político que a su juicio es incapaz de respetar los más mínimos derechos de los asalariados.

Falta de voluntad 

Y es que los contenidos del proyecto de la reforma laboral nunca plantearon una verdadera transformación de lo que sucedía en el país. Al menos así lo cree el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, quien además da cuenta de la gran distancia en términos de ingresos entre quienes legislan y gobiernan con el 70 por ciento de los trabajadores chilenos.

“No hay que olvidar nunca que hoy prácticamente siete de cada 10 trabajadores ganan menos de 450 mil pesos líquidos. Y eso no es azaroso, sino que eso tiene mucha relación con que los trabajadores no tienen cómo lograr que los empleadores les paguen de acuerdo a lo que ellos generan como valor agregado”, puntualizó el especialista.

Además, agregó que si bien hoy nuestro país tiene casi 24 mil dólares como PIB per cápita, lo cierto es que la realidad salarial está “contenida”, es decir, estancada para la mayoría de los trabajadores.

Gonzalo Durán indicó que después de un año de tramitación del proyecto, queda demostrado que ni el conglomerado de partidos de derecha “Chile Vamos” ni el Gobierno, están interesados en modificar los fundamentos que basan las relaciones laborales en el país.

“En lo sustantivo, eso se debe o lo podemos argumentar basándonos en la completa falta de voluntad para discutir siquiera lo que es la negociación más allá de la empresa, la negociación colectiva sectorial o una negociación colectiva que supere la frontera de la empresa”, dijo Durán.

El economista recordó que toda la evidencia internacional demuestra que en aquellos países donde se aplica la negociación colectiva por rama, son también donde hay menos desigualdad salarial y donde también se tiene mayor productividad, tema que tanto se debate en Chile.

Sin embargo todo apunta a que el objetivo del empresariado hasta ahora es maximizar la producción, pero siempre a costa de bajos salarios para quienes producen esas riquezas.

Fuente:http://radio.uchile.cl/

lunes, mayo 23, 2016

Tal como se esperaba en el ámbito económico la Presidenta Michelle Bachelet centró su discurso en la necesidad de impulsar el crecimiento y la productividad, pero no hizo grandes anuncios.

Un discurso marcado por la necesidad de retomar el crecimiento e impulsar la productividad, pero sin grandes anuncios ni una definición concreta respecto a la estrategia que utilizará el Ejecutivo para llevar a cabo una de las iniciativas emblemáticas del programa de gobierno, la reforma laboral, fue la cuenta de la Presidenta Michelle Bachelet, en lo que respecta a los temas económicos.

"Buscamos relaciones laborales justas, que propicien metas estratégicas compartidas entre trabajadores y empresarios. Por tal razón estamos comprometidos en fortalecer las organizaciones sindicales y hacer que las negociaciones colectivas sean más equilibradas", dijo la Presidenta en su discurso.

La Mandataria no hizo alusión respecto a si el gobierno seguirá avanzando con la tramitación del veto presidencial ni tampoco al envío de una ley corta, tras el fallo del Tribunal Constitucional que suprimió dos aspectos claves del proyecto: la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios a nuevos afiliados. 

Ello en un contexto de discrepancias al interior del Ejecutivo donde incluso algunos han planteado suspender indefinidamente la tramitación del veto presidencial y, por añadidura, la promulgación y entrada en vigencia de la reforma, con lo que se mantendrían en vigencia las actuales normas del Código del Trabajo.

Tal como ha sido el énfasis del gobierno en los últimos meses el discurso de la Presidenta tuvo un especial acento en retomar el crecimiento y mejorar la productividad.

En este sentido Bachelet destacó las distintas propuestas que se han presentado tanto desde el sector público como privado. "Estoy optimista, porque hemos visto cómo se ha instalado una visión y acciones comunes sobre uno de nuestros principales retos: elevar la productividad. Ya contamos con muchas y muy buenas propuestas, y lo más importante, hemos comenzado a hacerlas realidad", dijo Bachelet.

Recordó que ya está en marcha la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, de la cual el 80% de sus medidas están en funcionamiento, mientras que están en tramitación en el Congreso el proyecto de ley que promueve las exportaciones de servicios y mejora el acceso al financiamiento.

La Presidenta anunció que "para hacer que este foco en productividad sea permanente, y siguiendo una recomendación de la Comisión Nacional de Productividad, instruiré a la brevedad para que todas las leyes que sean iniciativa del Ejecutivo, incluyan una evaluación de su impacto sobre la productividad".

EMPLEO

Bachelet enfatizó que "debemos tomarnos muy en serio el crecimiento económico. De ello depende que haya más y mejores empleos, más prosperidad, que podamos ampliar nuestros derechos y oportunidades. Sin crecimiento sostenido el progreso social termina siendo una ilusión".

En este sentido reiteró que la economía enfrenta retos que son más profundos que una mala racha pasajera en los precios del cobre. 

"No podemos seguir haciendo más de lo mismo para pasar a una nueva etapa de desarrollo. Ni siquiera para sostener lo alcanzado hasta aquí. Como Presidenta, sé que en el corto plazo nuestro esfuerzo debe estar puesto en generar empleos de calidad, porque el bienestar de las familias está primero", dijo la Presidenta. 

Por ello, dijo se implementará un programa extraordinario para construir mejores barrios y viviendas con mayor estándar y más inclusión social, que generará 62 mil 500 nuevos empleos, 25 mil nuevas viviendas con una inversión fiscal de US$430 millones en tres años.

Asimismo aseveró que "monitoreamos atentos la evolución del empleo y estamos preparados para activar la red de protección social y económica que hemos creado, tan pronto como sea necesario".

Respecto al sistema de pensiones señaló que se acelerará la tramitación del proyecto que crea la AFP estatal e informó que le pidió al Comité de Ministros que transforme los resultados de la Comisión Bravo en una hoja de ruta para los próximos años.

La Presidenta reiteró el compromiso del gobierno en avanzar en el proceso de consolidación fiscal gradual, con una reducción del déficit estructural de 0,25% del PIB por año.

También reafirmó que perfeccionará la legislación pesquera, para asegurar la sustentabilidad de la actividad y que se retomará el diálogo tripartito para presentar este año un proyecto de ley que modificar las normas especiales para los temporeros y temporeras.

"El rol del gobierno no se agota en tener la macroeconomía ordenada. También nos hemos hecho cargo del descuido de iniciativas de largo plazo que fortalecían nuestra economía", señaló la mandataria.

Al respecto indicó que "hemos puesto en marcha los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente para reimpulsar el trabajo público privado. Ellos han permitido identificar las brechas productivas en un sector o industria y concordar una hoja de ruta con acciones concretas y recursos claros para impulsar la competitividad".

Así, por ejemplo, añadió, en minería de alta ley, la meta es contar al año 2035 con 250 empresas proveedoras de clase mundial y exportaciones de bienes y servicios vinculados a la minería por más de US$4 mil millones.

También destacó que la Agencia de Promoción de versión Extranjera lanzará su estrategia la próxima semana.

La Tercera

jueves, mayo 19, 2016


Mientras el Gobierno continúa trabajando en ley corta que impulsará a través del veto presidencial por la reforma laboral, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, aseguró que si no se repone la titularidad sindical, mejor suspender la tramitación del proyecto.
El dirigente expresó que desde la CUT, no permitirán que se repongan los pactos de adaptabilidad y los servicios mínimos, sin la titularidad sindical ya que de este modo, el proyecto de ley de reforma laboral se verá más perjudicado. Advirtió Nolberto Díaz.

Desde la multigremial esperan que el gobierno revierta la adversa situación que ha dejado la reforma laboral sin uno de sus puntos clave.

Consultado sobre las expectativas que tienen desde la central unitaria de trabajadores, por la cuenta pública que realizara la Presidenta Michelle Bachelet, este 21 de mayo, el vicepresidente de Nolberto Díaz, manifestó que esperan que se ratifique el compromiso del gobierno, de avanzar y concretar la reforma laboral.

El vice presidente de la CUT, agregó además que desde la multigremial, creen que la asamblea constituyente es el mejor mecanismo para cambiar la constitución, esto en referencia al inicio del proceso constituyente y a su influencia en la democratización de los derechos para los trabajadores.

En tanto, el Gobierno se encuentra trabajando en la elaboración de una ley corta que para corregir la reforma laboral luego de que el Tribunal Constitucional diera a conocer el fallo completo que declaró inconstitucional la titularidad sindical.

Radio Nuevo Mundo 

jueves, mayo 12, 2016

"Esta reforma que supuestamente fortalecería al sindicalismo, no generó un apoyo sindical masivo, y eso fue así no por culpa del Tribunal Constitucional. El Tribunal, al respaldar la objeción de la derecha en uno de los pocos aspectos que podían rescatarse: la titularidad, agudizó un problema que era de origen. Es decir, fue como la guinda de la torta".

(*) Hace poco conmemoramos un nuevo primero de mayo, día internacional del trabajador y la trabajadora, y es importante analizar la situación de la organización sindical en Chile. Las bases de datos de la Dirección del Trabajo permiten hacer un análisis fino de esta cuestión y no quedarse en la mirada simple de la Tasa de Afiliación Sindical (14,7%) en la que algunos insisten para decir que estaríamos en el estándar OCDE.

Hoy, en el 81,8% de las empresas de 10 o más trabajadores no existe y nunca ha existido un sindicato. En cuanto a las características de la organización sindical, a la fecha existen más de 11.400 sindicatos activos y la mitad de ellos tiene menos de 40 socios, es decir, son muy pequeños. Ese pequeño tamaño de los sindicatos no se explica por una gran presencia de sindicatos de empresas pequeñas. De hecho, el 75% de la afiliación sindical se concentra en la gran empresa, siendo casi inexistente la representación sindical en los centros de trabajo de empresas de menor tamaño. Así, el cuadro es el de una constelación de sindicatos pequeños disgregados en la gran empresa. Adicionalmente, los sindicatos tienen una corta trayectoria y se disuelven rápidamente: el 41% de las organizaciones activas tiene menos de 5 años y el 65% de los sindicatos creados en 2014 dejó de existir en un poco más de un año.

De este modo, la actual configuración en las relaciones de producción (entre trabajadores y empleadores), dibuja un complejo escenario, en donde se puede observar que una de las partes tiene un poder sin contrapesos ya sea porque la organización colectiva de los trabajadores no existe (lo que generalmente ocurre) o porque ésta se encuentra atomizada y tiende a disolverse.

A eso hay que agregar las dificultades que enfrentan los sindicatos para que puedan ejercer su razón de ser democratizante: la ley censura la injerencia sindical en las decisiones sobre la organización del trabajo en la empresa o en materias atingentes a la organización de la sociedad. Además, no garantiza el derecho a la huelga (permitiendo el reemplazo de huelguistas), genera procedimientos sumamente engorrosos para la negociación colectiva y no permite ejercerla más allá del ámbito más aislado, que es el de la empresa (con este set legal, hoy la tasa de negociación reglada supera levemente el 8%).

El Plan Laboral de 1979, que ha sido activamente perpetuado después de la dictadura, es un factor decisivo en ese escenario. El Plan fomenta el encapsulamiento y la dispersión sindical y, más profundamente, la desarticulación de los trabajadores y trabajadoras y su despolitización.

Todo ello facilita el disciplinamiento de los chilenos en el trabajo y también hacia el orden establecido, potenciando las dinámicas de acumulación y concentración de ingresos tan características del Chile desigual.

A este respecto, no debemos olvidar el panorama del bajo valor de la fuerza de trabajo. De acuerdo a la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, el 50% de los trabajadores, percibe menos de $305.000 líquidos y se encuentran masivamente endeudados. Y si se considera el reporte que hacen los empleadores respecto a los salarios que pagan, en la encuesta ENCLA, el dato no es lejano: para empresas del sector privado, de 5 y más trabajadores, la mediana salarial no supera los $336.000 líquidos .

Lo que hemos visto con la reforma laboral es que no es coherente con una transformación profunda de esta realidad. La desestimación de la negociación por rama y la mantención del esquema de nivel de empresa como único nivel de la negociación colectiva, no permite elevar la cobertura de la negociación ni combatir la baja densidad y la escasa duración de los sindicatos para reducir a fondo la desigualdad. Pero el problema no es solamente lo que la reforma laboral deja afuera en su falta de carácter. En los contenidos mismos de la reforma hubo desde un comienzo elementos que se evidenciaron como altamente atentatorios contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los pactos de adaptabilidad permiten romper con derechos hasta ahora irrenunciables, como los referidos a la jornada, una demanda histórica del empresariado para obtener mayor disponibilidad del trabajo. Las adecuaciones necesarias y los servicios mínimos en caso de huelga avalan la idea de que la huelga no puede paralizar. Y la elevación de los quórums para constituir sindicatos en las MIPES hace aún más difícil su existencia, entre otros problemas.

Es por ello que esta reforma que supuestamente fortalecería al sindicalismo, no generó un apoyo sindical masivo, y eso fue así no por culpa del Tribunal Constitucional. El Tribunal, al respaldar la objeción de la derecha en uno de los pocos aspectos que podían rescatarse: la titularidad, agudizó un problema que era de origen. Es decir, fue como la guinda de la torta.

En el momento actual, ante el fallo del Tribunal Constitucional, el Gobierno anunció un veto a normas relacionadas con los pactos de adaptabilidad y con los quórums, develando de este modo, parte de las concesiones que había hecho al empresariado. Lo que hace el ejecutivo es recular – en un grado que está por verse – en disposiciones que nunca fueron en la dirección de una transformación de los legados dictatoriales de 1979. Se da así una situación paradojal: por mutuo propio, el Gobierno había puesto en el proyecto graves retrocesos y ahora, haciendo ademán de sacarlos (una parte de ellos), genera un escenario en el cual la raya para la suma diría que las cosas andan bien. Habría que agradecer incluso. Pero lo cierto es que pocos se ven felices y expectantes ante la “buena noticia”.

La verdadera buena noticia que se visulumbra en el horizonte es que en el último tiempo ha habido una revitalización de cierta orientación sindical de base que aboga por un sindicalismo sociopolítico y por la autonomía respecto a los empresarios y gobiernos de turno, que busca la construcción de lazos de solidaridad por sobre las fronteras en la empresa y se las arregla por superar el estrecho marco legal con nuevas formas de acción. La coyuntura de la reforma, como un efecto colateral, contribuyó a ampliar el diálogo horizontal y crítico de ese sindicalismo de base. Es de esperar que esa tendencia adquiera fuerza. Una cosa al parecer es clara: si las instituciones no dan el ancho, los trabajadores se servirán de otros canales de expresión y de conquista de derechos.

*Columna Publicada en RedSeca.cl.

lunes, mayo 09, 2016

En horas clave para la Reforma Laboral el gobierno ingresó un veto presidencial y anunció un proyecto de ley para corregir algunos puntos. Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, calificó el veto como “moderado y temeroso”.

Este lunes el Tribunal Constitucional dará a conocer los fundamentos de su decisión de objetar la titularidad sindical y la extensión de beneficios en la reforma laboral, luego del requerimiento presentado por la oposición.

Por su parte, el Gobierno anunció cuál será su estrategia luego del rechazo del Tribunal Constitucional a la titularidad sindical y a la extensión de beneficios automática vía afiliación. Dos puntos considerados por algunos sectores como los únicos avances en una Reforma Laboral que ha sido calificada como tímida y que no apunta a cambios profundos.
El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, confirmó que la Moneda ingresó un veto presidencial supresivo a algunos aspectos de la reforma y anunció que enviarán un nuevo proyecto de ley para corregir otros puntos, luego que este lunes se conozcan los argumentos de la decisión que tomó el Tribunal.

“No podemos descartar no sólo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores. Para evitar tales riesgos se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto, asimismo una vez que conozcamos todos los fundamentos del Tribunal Constitucio0nal, enviaremos un proyecto de ley al parlamento que adecúe el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical”, afirmó el ministro.

Además, Díaz agregó que a través de estas acciones intentarán reestablecer condiciones, para “avanzar en relaciones laborales más justas entre trabajadores y empleadores, y que faciliten los acuerdos al interior de las empresas”. A través del veto el Gobierno revisará las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, así como un nuevo quórum sindical para negociar.

Desde Chile Vamos calificaron como “oscura e irresponsable” la acción del gobierno. El diputado de la UDI, Patricio Melero, criticó que el tema se ha manejado con poca transparencia, en tanto aún no se da a conocer el contenido detallado de esta acción.

“Nos parece que tiene más un sentido de revancha frente al fallo del TC al eliminar algo tan fundamental como es la adaptabilidad, es decir, que lo trabajadores puedan junto con la empresa adaptar las jornadas de trabajo en virtud de las necesidades de la empresa y de los trabajadores. Nos parecía que eso era algo muy importante en la reforma y lamentamos que se haya eliminado por la vía de un veto superviso al igual que los porcentajes de trabajadores para formar un sindicato con el fin de ir a la adaptabilidad”, señaló.

El parlamentario pidió que el Gobierno defina pronto el proyecto de ley corta que anunció para que “se genere un mayor grado de certidumbre en materia de reformas laborales”.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló desacreditó las críticas de la oposición y recordó que “ellos recurrieron al Tribunal de manera ilegítima, porque fueron incapaces de ganar el debate en el parlamento”.

Aguiló consideró la acción como indispensable y explicó que el veto presidencial eliminará la facultad que el proyecto entregaba a trabajadores y empresarios, para negociar adaptabilidad en las jornadas de trabajo. Una medida que había sido acordada por la CUT y los empresarios, bajo la condición en que el titular de los trabajadores sería el sindicato, lo cual fue desestimado por el Tribunal.

“Es decir, si una empresa tiene un sindicato y quiere generar adaptabilidad, hacer jornadas largas de trabajo, superiores a las que permite la ley actual y después en otro periodo de menor intensidad tener jornadas más breves y compensarlas, eso se puede hacer siempre que los trabajadores tengan un genuino representante en el sindicato, pero como se eliminó la titularidad sindical, entonces el empleador lo que puede hacer es formar él en cinco minutos un grupo negociador, de pocas personas financiadas incluso por el propio empresario. Pueden a nombre de todos los trabajadores llegar a un acuerdo de adaptabilidad, lo que sería un completo retroceso para los trabajadores del país”, sostuvo el parlamentario.
“Moderado y temeroso”

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, calificó la acción del gobierno como “moderada” y añadió que “se hizo con temor”. En ese sentido dijo que esperaban “que se hubiese vetado servicios mínimos y la materia de descuelgue”.

“Creo que era a todas luces imprescindible que el gobierno operase con el veto, creo que fue un veto demasiado moderado y temeroso y creo que en eso mucho peso tuvieron las opiniones de algunos ministros que pareciera ser que les incomoda que hayan sindicatos fuertes en este país y que estaban muy contentos con el fallo del tribunal y que parece que hubieran esperado que no se moviera una hoja del proyecto de ley”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, dijo que el gobierno debe esperar el fallo del Tribunal en su integridad para dar a conocer los detalles del proyecto de ley corta que buscará reponer la titularidad sindical. Además, el diputado pidió “coherencia para que se revise de inmediato el proyecto de ley sobre los trabajadores del turismo, donde se aprobó la titularidad sindical y el pacto de adaptabilidad con el sindicato. Al respecto señaló que “es probable que el gobierno también tenga que vetar algunos aspectos de este proyecto”.

Durante la jornada de este lunes el Tribunal Constitucional dará a conocer los argumentos jurídicos del fallo que objetó la titularidad sindical y la extensión de beneficios, luego de lo cual se podrán redactar los detalles del veto y el proyecto de ley corta con el que el Gobierno pretende reponer algunos aspectos de la reforma.

Fuente:http://radio.uchile.cl/

lunes, mayo 02, 2016

Así lo confirmó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, durante el acto con el que finalizó una de las dos marchas convocadas para conmemorar este Día del Trabajo. "En pleno sigo XXI algunos siguen viendo a los trabajadores como sinónimo de esclavitud", señalaron desde la multisindical.

Fueron dos los actos principales: desde las 10.30 de la mañana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una marcha desde la Plaza Los Héroes hacia calle Portugal, la ocupará la calzada sur de la Alameda, que culminó con un discurso de su presidenta, Bárbara Figueroa, en el que llamó a realizar un paro nacional el próximo 31 de mayo.

En tanto, el Comite Iniciativa Unidad Sindical (CIUS), realizó una marcha clasista por el trabajo, pero en dirección opuesta a la de la CUT, ya que la caminata comenzó en Alameda con calle Brasil, y culminó en calle Matucana, en el frontis de la Universidad de Santiago.

Cabe recordar que el Gobierno anunció que hará uso del veto presidencial, frente a la decisión del TC. Sólo resta saber de qué tipo será -aditivo, supresivo y/o sustitutivo-, y eso se determinará una vez que el organismo entregue el texto íntegro de la sentencia, el próximo 9 de mayo.
CUT: “Algunos siguen viendo a los trabajadores como esclavos”

En su discurso de finalización de la marcha, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, hizo énfasis en el fallo del TC que declaró inconstitucional la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios.

La dirigenta criticó a los parlamentarios de derecha, señalado que “hoy la manera de detener los cambios de un Chile más justo es esconderse en la Constitución pinochetista”.

“Como país no debemos sorprendernos. No somos ajenos a este esfuerzo coordinado por desestabilizar todo intento de cambio (…) No nos sorprende el pronunciamiento del TC esta semana. En pleno sigo XXI algunos siguen viendo a los trabajadores como sinónimo de esclavitud”, agregó Bárbara Figueroa.

Además, desde la CUT solidarizaron con los movimientos sindicales de Argentina y Brasil, considerando que en el primero, la llegada de Mauricio Macri al poder ha generado masivos despidos de trabajadores del sistema público, mientras que en el segundo, se está en pleno proceso de destitución de la mandataria Dilma Rousseff, representante del Partido de los Trabajadores: “El movimiento sindical ha sido un defensor de la democracia y soberanía de los pueblos”, aseguró Bárbara Figueroa.

Al finalizar su discurso, Bárbara Figueroa anunció la convocatoria de un paro nacional para el próximo 31 de mayo, en virtud del “peligro que los compromisos no se cumplan”, aseguró la dirigenta.

“Nos movilizamos cuando vemos en peligro que los compromisos no se cumplan. Entregaremos hasta nuestro último respiro en esta lucha por un Chile mejor”.

Presidenta Bachelet: “Se realizarán ajustes a la Reforma Laboral”

Tal como lo había adelantado este viernes la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, más temprano la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se realizarán “ajustes” a la Reforma Laboral, esto en el marco de una actividad en el Hospital del Trabajador.

La idea es que el proyecto no pierda su “coherencia interna” ni su “espíritu de equidad”, después del fallo del Tribunal Constitucional que objetó la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios, el cual se deberá “estudiar en detalle una vez que se dé a conocer el texto íntegro, solo conocemos el acuerdo, para decidir los recursos de acción a seguir introduciendo los ajustes a dicho proyecto para que no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad”, señaló la Mandataria.

La jefa de Estado lamentó la decisión adoptada por el TC, no obstante llamó a “seguir adelante, buscando las vías para construir relaciones más equilibradas entre trabajadores y empresas, porque sin ellas no hay desarrollo para ninguna de las partes y tampoco desarrollo para Chile”.

Fuente: Radio Uchile