El trabajo decente es central en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y un elemento clave para que las sociedades puedan avanzar hacia el desarrollo sostenible, afirmó el Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Antonio Prado.

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En el sexto capítulo del programa multimedia Horizontes Cepal, el alto funcionario de las Naciones Unidas señaló que la región cuenta con un mercado 

laboral fuertemente segmentado donde sólo la mitad de los trabajadores se desempeñan en condiciones formales.

Prado destacó que desde principios del siglo XXI la región ha mantenido un avance sostenido en materia de organización del trabajo "con mayor participación de las mujeres y un aumento de los ingresos reales".

Esta trayectoria ha resistido los vaivenes de la economía internacional, como la crisis de 2007-2008. Sin embargo, esta capacidad en los últimos años se ha 

detenido, lo que es motivo de preocupación para la Cepal.

"El bajo crecimiento actual y el estancamiento de los ingresos impactan la disminución de la pobreza y la desigualdad, dos procesos virtuosos en América Latina", afirmó el secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL quien llamó a los países de la región a proteger los avances en materia de empleo ante la creciente incertidumbre económica.

"La organización del mercado del trabajo, la protección social y el trabajo decente en América Latina, si bien son limitados, son centrales para alcanzar un desarrollo sustentable y justo", aseveró Antonio Prado.

"Cuando hay regresión en materia de trabajo decente, los impactos sistémicos son muy negativos", añadió. 

Prado afirmó que la justicia social es la base del trabajo decente y el empleo con derechos, y resaltó la importancia de que los países cuenten con políticas 

eficaces de salario mínimo que pongan límites a la explotación de la fuerza de trabajo.

Destacó la política de salario mínimo implementada en Brasil, que tuvo un avance progresivo de crecimiento real de los salarios mínimos y que, acompañada por políticas de oferta como el aumento de la productividad y productos de consumo, provocó un aumento en las tasas de empleo.

"En el caso de Brasil, la idea neoclásica de que una política de salario mínimo puede dañar la generación de empleos y, más aún, la generación de empleos formales, no fue comprobada. Por el contrario, en el caso de Brasil, las tasas de empleo registraron un aumento", apuntó Prado.

"Argentina y Uruguay pasaron por experiencias similares que impactaron positivamente en la disminución de la pobreza y la desigualdad", agregó el alto 

funcionario.

En el nuevo capítulo del programa multimedia de la Cepal, el Secretario Ejecutivo Adjunto abordó también los cambios estructurales que están transformando la economía y la sociedad a nivel mundial, entre ellos, la revolución tecnológica que amenaza con un impacto sustantivo al mercado del trabajo.

"Al mismo tiempo en que luchamos por otorgar protección social y derechos a los trabajadores que permanecen en la informalidad, las tendencias globales impulsadas por la revolución tecnológica amenazan con afectar a aquellos sectores del mercado del trabajo que ya están organizados", sostuvo Prado.

Recalcó que las tendencias proyectan un aumento de la productividad que no necesariamente va acompañada de mejoras para los asalariados.

"Vemos una tendencia a la precarización del mercado del trabajo organizado y, al mismo tiempo, una forma de acceder a los ingresos que puede generar problemas desde el punto de vista macroeconómico", advirtió Prado.

Frente a esta realidad, mencionó, ha resurgido la propuesta de un ingreso mínimo ciudadano que apunta a garantizar un ingreso básico para que, por un lado, puedan tener capacidad de consumo y, por otro, la posibilidad de encontrar trabajos con mejor calidad.

Aplausos sacó el incremento de 325 mil personas a la fuerza laboral detectado por el sondeo de Caracterización Socioeconómica Nacional entre 2013 y 2015. Pero, tras las cuentas alegres, la realidad muestra que los sueldos no solo se han mantenido sino que también hay, en la práctica, una regresión en las remuneraciones de más del 8%, pues, si se calcula el aumento del IPC de esos años, el poder adquisitivo de los trabajadores baja. Malos sueldos que estarían ligados a una baja sindicalización y a la falta de poder negociador.

Por: www.elmostrador.cl 

Trescientas veinticinco mil personas se sumaron a la fuerza laboral en Chile entre 2013 y 2015. Cuentas alegres para el país, que se dieron a conocer esta semana tras los resultados de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) sobre el módulo de Trabajo, lo que fue aplaudido desde el Gobierno.

Esta mejora es vinculada, por el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, al aumento de plazas ocupadas por mujeres. “La cifra más destacable es aquella que refleja que, en ocupación por sexo, el 2013 existía un 41,9% en el caso de mujeres y se incrementa un 43,4% el 2015”. Por ello, aseguró el secretario de Estado tras la entrega de los resultados de la encuesta el martes pasado, “a partir de las políticas públicas para el fomento de la empleabilidad, en el caso de la mujer, donde tenemos las principales brechas, se verifica que hay indicadores de crecimiento positivo”.

Desde una perspectiva distinta, los resultados de la Casen muestran un nulo avance respecto a los salarios, lo que queda claro al revisar las cifras de la misma encuesta, que evidencian que el ingreso promedio anual de la ocupación principal varió en $ 3.887, pasando de $458.064 en 2013 a $461.951 en 2015.

Leve aumento que, en los hechos –según un análisis de la encuesta realizado por Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol – implica una disminución de 8,2% en el poder adquisitivo. Esto, porque “al considerar la inflación habida entre 2013 y 2015, existe un retroceso en los ingresos medios: los trabajadores son más pobres en 2015 que en 2013. Los ingresos disminuyeron cerca de un 8,2% y eso significa que disminuyen los de la ocupación principal en términos ‘reales’ o ajustados por el IPC”.

En esa línea, Durán plantea que “una parte tiene que ver con la participación laboral, se puede señalar que es importante que las personas tengan trabajo, porque eso les genera ingresos. Pero más importante es que las personas tengan un buen salario. Por ejemplo, los trabajadores pobres que, a pesar de tener un trabajo de 45 horas a la semana, no logran salir de la pobreza, porque estadísticamente caen bajo esa misma línea”.

Por otro lado, explica el economista, los datos de la encuesta muestran que la mediana –es decir la mitad o el 50% – no supera los 300 mil pesos líquidos. “Ese es el principal resultado y da cuenta de un muy bajo valor asociado a la fuerza de trabajo”.

Desglosando los datos que arroja la Casen, y considerando solo jornadas completas, la mitad de los trabajadores gana menos de $330 mil pesos.

Realidad que no solo está asociada a pequeñas y medianas empresas. Según explica el economista de la Fundación Sol, si consideramos solo a las grandes empresas, donde uno esperaría que paguen más, la mediana igualmente es muy baja: el 50% gana menos de $400.000 líquidos. En otras palabras, el 50% gana menos que el último sueldo ético propuesto por el sacerdote Alejandro Goic.

Los resultados de los ingresos salariales “dan cuenta de un nivel de desigualdad terrible”, expresa Durán, quien además habla del endeudamiento de los trabajadores: “Lo hacen para llegar a fin de mes y, a través de esa dinámica, intermediarios como los bancos acumulan más ingresos”.

En regiones, de acuerdo a este análisis, el problema se agudiza: “En La Araucanía y el Maule se detectan medianas de $250.000”. Además, señala, la mediana en los trabajadores por cuenta propia llega a 210 mil pesos.

El abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales (UDP), César Toledo, coincide en que hay una regresión en las remuneraciones, lo que –asegura– está directamente vinculado con la baja tasa de sindicalización, que según la Casen llega a 13%.

“A esto cabe sumarle cómo están estructurados normativamente los sindicatos: tenemos sindicatos que desde hace más de 30 años son actores no empoderados a cumplir su función: representar intereses comunes con una alta representatividad (...). No hay un poder real de los trabajadores organizados sindicalmente, porque la negociación colectiva, precisamente por la debilidad del actor sindical, no permite que los trabajadores alcancen un aumento de remuneraciones adecuado, y se mantienen bajas con relación a la productividad de las empresas”.

El experto laboral sostiene que la reciente Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet no mejora la situación, ya que se conserva una serie de lógicas que mantienen a los sindicatos como actores sin poder.

“La reforma Laboral no cambia nada. No solo eso: hay normas que hasta pueden ser regresivas”, afirma el académico de la UDP.

Discriminación pura

En el caso de las mujeres, cuya participación en la fuerza de trabajo fue decisiva en el aumento detectado, la mitad de ellas gana $270 mil.

En tanto, el ingreso promedio de ocupación principal es de $ 383 mil, versus $520 mil de los hombres. Brecha que es visible en todos los deciles, pero se acentúa en los de más altos ingresos.

El economista de Fundación Sol dice que “hay muchos que atribuyen esta brecha a que las mujeres trabajan menos horas o que trabajan en sectores económicos donde pagan menos sueldos. Pero el 70% de esa brecha no tiene explicación y, en ese caso, lo que reconocen los estudios comparados es que se trata de una discriminación pura en contra de las mujeres, lo que significa que, cuando hombres y mujeres cuentan con las mismas condiciones laborales, a ellas les continúan pagando menos solo por el género”.

Luego de escribir una columna sobre el indicador, varios lectores escribieron preguntando si hasta ese indicador no podría estar exagerando la salud del mercado laboral, dado que son más las personas que trabajan media jornada, que tienen múltiples empleos o que se ganan la vida con trabajos independientes.

Por: www.elmostrador.cl

El índice de desempleo ha bajado a 4,6 por ciento, lo que suena muy bien. Sin embargo, la tasa de desempleo no contabiliza a las personas que han renunciado a buscar trabajo, motivo por el cual la proporción empleo-población, en especial en el grupo de “edad central”, quienes tienen entre 25 y 54 años, podría ser un indicador más preciso de la salud del mercado laboral.

Luego de escribir una columna sobre el indicador, varios lectores escribieron preguntando si hasta ese indicador no podría estar exagerando la salud del mercado laboral, dado que son más las personas que trabajan media jornada, que tienen múltiples empleos o que se ganan la vida con trabajos independientes.

En lo relativo al trabajo de media jornada, tenemos cifras muy buenas.

Sí, el porcentaje de quienes trabajan media jornada (menos de 35 horas semanales) pero dicen que trabajarían a jornada completa si pudieran hacerlo es más alto que en cualquier otro momento entre 1995 y 2008. Sin embargo, a esta altura en una expansión económica que ya lleva siete años, no es mucho mayor, mientras que el porcentaje de trabajadores de media jornada voluntarios es menor que a fines de la década de 1990. Contabilizar a quienes trabajan media jornada, entonces, hace que la situación del empleo se vea algo más débil, pero no demasiado.

¿Qué hay de los que tienen tres empleos para sobrevivir, o de los que subsisten con trabajos temporarios como conducir para Uber o hacer recados para TaskRabbit? Se trata de un gran rompecabezas que ya llevo varios años tratando de resolver. Según datos de la publicación mensual Current Population Survey usados en el cálculo del índice de desempleo y de la proporción empleo-población, no ha habido un aumento del múltiple empleo ni del trabajo por cuenta propia como porcentaje del empleo total.

Eso podría estar más relacionado, sin embargo, con las limitaciones de las preguntas de la encuesta que con la realidad del mercado laboral. Otro sondeo realizado el año pasado para los economistas Lawrence F. Katz y Alan B. Krueger determinó lo siguiente:

El porcentaje de trabajadores que tiene acuerdos laborales alternativos –definidos como trabajadores de agencias de empleos temporarios, trabajadores por contrato, de guardia, contratados, contratistas independientes o freelance- pasó de 10,1 por ciento en febrero de 2005 a 15,8 por ciento a fines de 2015.

Se trata de un gran salto, e indica un cambio respecto de empleos más seguros a empleos más precarios, otro indicio de que el mercado laboral podría no ser tan robusto como indicarían el índice de desempleo y hasta la proporción empleo-población. Aquí parece haber dos fenómenos distintos, si bien no del todo independientes.

Al parecer, habría dos fenómenos aquí:

Salida de la fuerza de trabajo. El porcentaje de hombres de edad central que tiene empleo o lo busca de forma activa viene declinando desde hace décadas, de más de 97 por ciento a mediados de la década de 1950 hasta un bajo nivel récord de 88 por ciento en 2014. La participación en la fuerza de trabajo de las mujeres de edad central creció durante la mayor parte de ese período, pero se ha reducido a partir de 2000. La participación ha aumentado en los últimos 12 meses, sobre todo en el caso de las mujeres, pero es muy prematuro decir si eso constituye una reversión de la tendencia.

La lucha por subsistir. Como señalé antes, a ese respecto los datos son ambivalentes, pero más gente parece estar realizando trabajos que no se corresponden con la definición de un empleo convencional de jornada completa. Con frecuencia lo hacen como complemento de un empleo convencional, no como reemplazo de éste. El motivo podría ser que su empleo convencional no les proporciona un ingreso suficiente o que no parece brindar seguridad suficiente como para depender por completo de éste. Para algunas personas seguramente se debe también a que el mercado laboral ofrece ahora más oportunidades de trabajo no convencional más gratificante en el plano de la remuneración. Sin embargo, tiendo a pensar que se trata de una minoría.

El trabajo nos da la oportunidad de desarrollarnos como personas y, en ese entendido, no es posible negarle a nadie esa posibilidad. Incorporar en los círculos laborales a personas con discapacidades intelectual, mental y físicas es lo que conocemos como “inclusión laboral” y para lograrla a plenitud, se necesita una regulación que trate cada caso de manera justa e integral.

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Juan Somavía, Director General de la OIT, dijo en junio de 2001: “Todos los días se nos recuerda que el trabajo es un rasgo que define la existencia humana. Es el medio de sustento y de satisfacción de las necesidades básicas. Pero es también una actividad por la que los individuos afirman su identidad, tanto para sí como para quienes le rodean. Es crucial para la elección individual, el bienestar de las familias y la estabilidad de las sociedades”.

Trabajar nos permite poner al servicio de los demás nuestras capacidades en muchos sentidos, haciéndonos parte de la construcción societaria. El trabajo nos da la oportunidad de desarrollarnos como personas y, en ese entendido, no es posible negarle a nadie esa posibilidad. Incorporar en los círculos laborales a personas con discapacidades intelectual, mental y físicas es lo que conocemos como “inclusión laboral” y para lograrla a plenitud, se necesita una regulación que trate cada caso de manera justa e integral.

A lo largo de los años, distintos parlamentarios han ingresado diferentes iniciativas que buscan cambiar la exclusión laboral que decenas de miles de personas con discapacidad han vivido históricamente en nuestro país, lamentablemente, sin éxito. Sin embargo, hoy está en plena discusión la “indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea un Sistema de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad”, más conocida como “Ley de Cuotas para Personas con Discapacidad”; y que busca que el 1% de la planta de las instituciones públicas y privadas con más de 200 trabajadores esté reservado para personas con discapacidad.

Un sector de la Sociedad Civil ha seguido muy de cerca este proceso, buscando incidir en que esta nueva normativa legal se ajuste a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y al concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT, el cual señala: “el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración en la sociedad”.

Estos requisitos imponen desafíos importantes a esta nueva legislación. Como primera exigencia, debiera terminar con cualquier tipo de discriminación o normativa que no se ajuste a ello, como es el artículo 16 de la ley 18.600, el que permite que cualquier empleador pueda contratar a una persona con discapacidad intelectual por menos del salario mínimo establecido por ley a todos los trabajadores en Chile. La nueva propuesta apunta a la derogación progresiva de esta normativa para quienes actualmente se encuentren contratados bajo esta ley. Esto se traduce en que los empleadores deberán progresivamente incrementar el salario de estos trabajadores para llegar al inicio del tercer año de vigencia de la ley, a pagar el 100% del salario mínimo.

Entendiendo que una implementación inmediata pudiera afectar a los empleadores, el plazo dado a esta derogación progresiva es cuestionable, porque, por un lado, no es aceptable que por un mismo trabajo una persona alcance el sueldo mínimo, mientras que una con discapacidad no alcance esa cifra. Y, por otra parte, este cambio será con cargo a los trabajadores contratados bajo esta ley, por lo que continuarán recibiendo menos del salario mínimo por dos años más luego de promulgada la ley.

En segundo lugar, garantizar el éxito requiere una robusta intermediación laboral, la cual, si bien no se explicita en esta nueva legislación, se espera que sea parte de su implementación. La intermediación laboral es crítica para el logro de una inclusión efectiva y para un cumplimiento exitoso de la ley, en términos de logro de cuota, permanencia de trabajadores y calidad del espacio laboral.

La participación de organismos competentes (públicos o privados sin fines de lucro y acreditados) para realizar intermediación laboral y acompañamiento a las empresas son fundamentales. En nuestro país existen organizaciones con amplia experiencia para realizar estos servicios donde lo que debe existir es un proceso de acreditación y el financiamiento adecuado para su sustentabilidad.

Tercero, además de incluir un porcentaje de contratación, una Ley de Cuotas debiera incidir en un cambio de paradigma en torno a como construimos una sociedad inclusiva, donde el trabajo es un derecho para todos, sin importar la condición de discapacidad.

En conjunto tenemos el derecho de hacernos parte del desarrollo productivo de nuestro país, por lo que esta ley no es un favor o una reparación hacia este colectivo, sino que debiera fortalecer el desarrollo de Chile desde todas sus dimensiones: desde lo individual, reconociendo la dignidad del otro; lograr un proyecto de vida y obtener ingresos que ayuden a tener una calidad de vida adecuado. Y desde lo colectivo, empresas e instituciones públicas con un nuevo ADN más inclusivo, la normalización de la convivencia en la diversidad y familias que pueden mejorar sus ingresos.

Será un gran avance para Chile la promulgación de una ley de este tipo y ponga en el horizonte no sólo la inclusión laboral de este colectivo, sino también el desarrollo de nuestro país y la construcción de lazos de trabajo colaborativo entre el Estado, Empresa y Sociedad Civil para que su futura implementación pueda ser exitosa.

Industria Manufacturera, seguida por Transporte y Comunicaciones, y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler registraron las mayores incidencias mensuales positivas.

Por: www.latercera.com

En septiembre de 2016, los Indices Nominales de Remuneraciones (IR) y Costo de la Mano de Obra (ICMO) anotaron variaciones mensuales positivas de 0,2% y 0,5%, respectivamente, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En doce meses, ambos indicadores presentaron aumentos, de 5% en el IR y 5,7% en el ICMO.

Sectorialmente, Industria Manufacturera, seguida por Transporte y Comunicaciones, y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler registraron las mayores incidencias mensuales positivas en ambos indicadores.

El comportamiento de dichos sectores se explicó principalmente por incrementos de los ítems Incentivos y premios, y Comisiones por ventas. En contraste, Comercio y Minería consignaron las mayores incidencias mensuales negativas en ambos índices, dinámica asociada a la disminución de Comisiones por ventas e Incentivos y premios en el caso de Comercio, y a menores pagos en Sueldos y salarios por funciones ocasionales en Minería.

El Indice de Remuneraciones Real, que descuenta la variación de la inflación, tuvo una variación nula mensual, acumulando un incremento de 0,7% en lo que va del año y de 1,9% en doce meses.

NOTICIA: La medición realizada por la Universidad Adolfo Ibáñez se realizó con base a 1.499 entrevistas presenciales en hogares a personas de 18 a 80 años, pertenecientes a distintas ciudades del país.

Fuente: www.sindical.cl 

[Santiago, 20 de octubre de 2016] La Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez presentó la cuarta versión del estudio “Zoom al Trabajo”, cuyo objetivo es comprender las dinámicas y tendencias emergentes en el vínculo que los trabajadores chilenos desarrollan hacia el trabajo y las organizaciones.

Los resultados muestran que un 49% de los encuestados está “muy satisfecho” o “totalmente satisfecho” con el tipo de trabajo o cargo que desempeña. A su vez, un 42% se inclinó por estas opciones en relación con la empresa o lugar en que trabaja.

RELACIONES LABORALES EN EL PAÍS

Sobre este ámbito, un 56% de los entrevistados está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la de idea de que “organizándose en grupo es más probable ser escuchado y alcanzar objetivos”. Esta parte presenta un declive de 6 puntos respecto del año 2015, cuando la consulta marcó 62%.

En tanto, un 45% considera que “hay que darles cabida y oportunidades a los inmigrantes extranjeros en nuestro país”, sin embargo, el año pasado esta pregunta alcanzó un 52% de respuestas favorables.

19% de los consultados cree que “en este país todos tenemos las mismas posibilidades para progresar”, registro que representa una caída de 12 puntos en relación a la medición anterior.

Relacionada con la pregunta anterior, un 18% piensa que “las reglas y el modelo que rigen el funcionamiento de nuestro país son las adecuadas”. En 2015, un 32% declaró estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Un 26% de los entrevistados dijo que “los  sindicatos aseguran los derechos y bienestar de los trabajadores”, cifra que representa una disminución de 9 puntos respecto del “Zoom al Trabajo” 2015.

Apenas un 14% considera que “en Chile se respetan los derechos de los trabajadores”. Idéntico registro obtiene la afirmación “las relaciones actuales entre empresas y trabajadores son buenas”.

La Cumbre del G20 en Hangzhou, China, decidió estimular el crecimiento reforzando su enfoque hacia los países en desarrollo. Pero los Líderes del G20 no se han dado cuenta de que una trayectoria de crecimiento basado en la demanda, una distribución justa de los salarios y empleos de calidad para el futuro no podrán lograrse con las actuales reformas estructurales.

Fuente: Ituc-csi.org

La 11ª Cumbre del G20 celebrada en Hangzhou, China, los días 4 y 5 de septiembre, se clausuró con la publicación del Comunicado Final y los Planes de Acción. Pese a unas tasas de interés negativas, el Brexit, el crecimiento estancado en la Eurozona, con una alta probabilidad de mayor flexibilización monetaria por parte del BCE, y un frágil crecimiento en las economías emergentes del G20, el texto se muestra optimista, centrándose más en soluciones estructurales a corto plazo y en ganancias a largo plazo derivadas de la innovación.

“El G20 ha tomado una vía pro-crecimiento, pero dejando de lado el empleo y la demanda. Pese a resultados importantes durante la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 en julio, las respuestas al déficit de empleo y los persistentes bajos salarios han quedado reducidas a apenas uno de los 48 párrafos. Aunque se adoptan los Principios de Salarios Sostenibles, junto con compromisos sobre aprendizaje y empleabilidad, no se ha establecido un vínculo político decisivo con las estrategias de crecimiento del G20, careciendo de medidas de seguimiento”, indicó Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

La Declaración del a la Cumbre del G20 reclamaba coherencia política entre el compromiso sobre salarios de Antalya y los nuevos Principios. En lugar de ello, se concede un “papel esencial” a las reformas estructurales. Si éstas son una extensión del consenso de años anteriores basado en la austeridad, no se conseguirá mayor igualdad salarial ni nuevos empleos de calidad. Al ignorar opciones políticas que promoverían la demanda, incluyendo la inversión en infraestructura y el reforzamiento de las instituciones del mercado de trabajo, se dejará a los países del G20 con una política monetaria que, por sí sola, no puede impulsar el crecimiento. Especialmente cuando las economías se enfrentan a la deflación o a una baja inflación – casos que no se abordan en el comunicado de Hangzhou.

“La economía mundial necesita impulsar la demanda agregada incrementando los salarios y la inversión pública ya mismo, en lugar de más reformas estructurales a corto plazo que podrían reducir la demanda y crear mayor inseguridad. Unas instituciones fuertes del mercado de trabajo, empleos de calidad y planes de infraestructura tendrían que constituir elementos centrales de las estrategias de crecimiento del G20 y los principios que guíen las reformas estructurales – y no al contrario. Para lograr las ambiciones de crecimiento de Brisbane, los Líderes tienen que mostrarse más decisivos respecto al crecimiento inclusivo y acordar un mayor rol a los sindicatos y al diálogo social”, señaló John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC).

El Comunicado hace referencia a sinergias entre las políticas relativas a la demanda y a la oferta y a oportunidades para las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables. Pero en general carece del mandato necesario para impulsar la demanda y garantizar un empleo de calidad, ligado también a la agenda de innovación. Todo se basa en la oferta.

El Comunicado reconoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y plantea cuestiones de seguimiento en relación con el Acuerdo del Clima de París – ratificado por los EE.UU. y China durante la cumbre como un gesto simbólico. Pero será necesario mucho más que promover los mercados energéticos y la implicación empresarial en los países en desarrollo.

“Los Líderes guardan silencio en cuanto a la conducta empresarial responsable y los derechos humanos en las cadenas mundiales de valor, al tiempo que promueven un mayor comercio. El L20 espera que el G20 se comprometa a tomar medidas concretas respecto a las cadenas mundiales de suministro y una conducta empresarial responsable en 2017. De igual modo, en lo relativo al cambio climático, el Comunicado resulta muy genérico. ¿Dónde está el firme llamamiento a una mayor ambición para mantener el calentamiento global por debajo de 2°C y para el desarrollo de las estrategias de transición justa necesarias para alcanzar dicho objetivo, manteniendo a los trabajadores en empleos de calidad?”, cuestionó Burrow.

Lo mismo se aplica al nuevo enfoque del G20 en cuanto a las “nuevas vías de crecimiento” en relación con estrategias de innovación, la próxima revolución industrial y la economía digital. El L20 insta a la Presidencia alemana del próximo año a alinear las ambiciones de crecimiento en tecnología e innovación con el futuro del trabajo y la capacitación necesaria, como un desafío clave a largo plazo, al tiempo que se salve la brecha digital en los países en desarrollo y para grupos vulnerables.

“El fomento de la innovación, la transformación industrial y la economía digital, si no se gestionan adecuadamente, dejarán a muchos atrás. Las estrategias de innovación deben ser formuladas colectivamente en distintos órganos del G20 y áreas políticas. No se trata exclusivamente de inversión y transferencia de tecnología. Es necesario que los sindicatos formen parte de la nueva Unidad de Trabajo del G20 en tanto que importantes asociados con vistas a la adopción de los enfoques sostenibles e inclusivos necesarios para mantener a los trabajadores con buenos empleos y aportarles una formación de calidad en el momento adecuado, especialmente en los sectores manufacturero y de servicios, teniendo en cuenta las tendencias demográficas y migratorias. Esto guarda relación también con la regulación de nuevos modelos empresariales y formas atípicas de trabajo en la economía digital”, indicó Evans.

El G20 finalmente reconoció que la actual crisis de refugiados es la mayor registrada desde la Segunda Guerra Mundial y que requiere una distribución de la carga que supone y asistencia al desarrollo, teniendo en cuenta que muchos países encuentran dificultades para hacerle frente.

“Debemos responsabilizarnos y hacer más colectivamente. El G20 no ha conseguido establecer un Plan de Acción respecto a la integración del mercado de trabajo y oportunidades de capacitación para los migrantes. Deben respetarse los derechos humanos de las familias de refugiados, los menores no acompañados y los adultos jóvenes, y garantizar que tengan acceso al empleo, la vivienda, el aprendizaje del idioma y la formación profesional. En el Comunicado del G20 se echa en falta una palabra muy importante en el lugar adecuado: integración”, añadió Burrow.

En junio de 2016, los Indices Nominales de Remuneraciones (IR) y Costo de la Mano de Obra (ICMO) registraron variaciones mensuales de 0,4% y 0,5%, respectivamente. En doce meses, ambos indicadores presentaron aumentos: 5,5% en el IR y 6% en el ICMO, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Sectorialmente, Construcción, Intermediación Financiera e Industria Manufacturera consignaron las mayores incidencias mensuales positivas en ambos índices, comportamiento explicado, en gran medida, por el alza del ítem Incentivos y premios.

En Construcción e Industria Manufacturera también destacó el ítem Sueldo base. En contraste, Transporte y Comunicaciones, y Comercio anotaron las mayores incidencias mensuales negativas tanto en el IR como en el ICMO, dinámica explicada por la disminución de los ítems Comisiones por ventas e Incentivos y premios.

En doce meses, Intermediación Financiera, Hoteles y Restaurantes, y Electricidad, Gas y Agua registraron las mayores variaciones positivas en ambos índices.

El Indice de Remuneraciones Real, que descuenta la variación de la inflación, anotó una baja de 0,1% en junio acumulando una variación nula en lo que va del año y un alza de 1,2% en doce meses.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/08/655-691532-9-remuneraciones-aumentaron-04-en-junio-y-acumularon-alza-de-55-en-doce-meses.shtml

Programa de la Dirección del Trabajo fiscalizará a 550 empresas de la construcción. Este pretende mejorar el cumplimiento legal en aspectos laborales, previsionales y, especialmente, de higiene y seguridad. Se extenderá hasta el 9 de octubre.

Durante el año pasado 46 obreros de la construcción perdieron la vida en plena faena, situando a este sector como el segundo en el ranking de fatalidades encabezado por el transporte, con 68 decesos.

Las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informan que con tal número de fallecimientos, la tasa de fatalidad de la construcción es del 18 por cada 100 mil accidentes.

Pese a que se trata de una actividad esencialmente riesgosa y sus índices de accidentabilidad siguen siendo altos, desde 2006 hasta la fecha dichas tasas cayeron en cuatro puntos, situándose hoy en el 4,6 por ciento.

El esfuerzo de las empresas del sector vigilado y asesorado constantemente por la Dirección del Trabajo (DT) ha influido en este mejoramiento.

Aunque las fiscalizaciones son continuas en respuesta a denuncias de trabajadores y sindicatos, la DT mantiene paralelamente un programa de fiscalización anual en comunión con la Ley N°20.123 que desde 2006 regula el trabajo en régimen de subcontratación y servicios transitorios.

Este programa especial se concentra en las empresas principales, contratistas y subcontratistas que están ejecutando obras de construcción como excavaciones, túneles, movimientos de tierra, construcción de pilas de socalzado, obra gruesa y trabajo en altura.

Este año el plan se activó este 1 de agosto con una fase de difusión entre las empresas del sector y se prolongará hasta el 9 de octubre próximo.

En total, serán 550 las empresas fiscalizadas en todo el país entre el 11 de este mes y el 9 de septiembre bajo la modalidad de asistencia al cumplimiento.

Esto significa que a las empresas sorprendidas en infracción se les da un plazo de corrección de 30 días corridos cuyo cumplimiento deja sin efecto la aplicación de la sanción.

Esta lógica correctiva solo será inviable y obligará a la suspensión inmediata de faenas cuando la fiscalización constate en terreno el riesgo inminente para la salud y vida de los trabajadores.

Tal situación se configura en los siguientes casos: que no haya agua potable, los andamios no cuenten con barandas protectoras o no estén amarrados a la estructura, los conductores eléctricos se encuentren sobre superficies con agua y los trabajadores que laboren al borde de excavaciones superiores a un metro y medio de profundidad o que lo hagan en altura no estén sujetos por tipos de arnés específicos para cada caso.

El director del Trabajo, Christian Melis, explicó que con los plazos de corrección antes de la aplicación de multas “pretendemos incentivar en el empleador un cambio conductual sostenido en el tiempo dado los riesgos que entraña el trabajo de la construcción”.

Esta lógica del cambio conductual, sostuvo, ha permitido una paulatina mejoría a lo largo de los años, alcanzándose en el último tiempo una tasa de cumplimiento final en torno al 90 por ciento versus la infraccionalidad detectada en la primera visita a las obras.

En el programa de este año el plazo de acreditación de las faltas corregidas se prolongará entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre.

A las empresas principales se les controlará la protección, seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores propios y subcontratados. En el caso de las empresas secundarias, la entrega y uso correcto de elementos de protección personal.

Fuente: http://sindical.cl/new/2016/08/03/empresas-de-la-construccion-estan-segundas-en-ranking-de-fatalidad/